El debate sobre la implementación del sistema de participación ciudadana de la revocación de mandato ha encendido la vida política en Morelos. Mientras el diputado panista Daniel Martínez Terrazas advierte que impulsarán una iniciativa bajo parámetros federales si la reforma actual sigue frenada, el legislador morenista Rafael Reyes respalda la figura, pero exige revisar minuciosamente el cambio de postura en varios municipios. Esta confrontación legislativa refleja un dilema profundo: ¿es la revocación de mandato un auténtico freno ciudadano al poder o un instrumento de simulación política según quién la controle?
Las experiencias recientes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ofrecen lecciones cruciales para distinguir entre un ejercicio democrático genuino y una herramienta de manipulación partidista.
Cuando la revocación de mandato es impulsada e instrumentada desde el aparato del Estado, como ocurrió a nivel federal con López Obrador, el ejercicio adquiere una naturaleza paradójica. Lejos de ser un mecanismo de control ciudadano sobre los abusos del poder, se transforma en un referéndum de ratificación y popularidad orquestado por el propio gobernante.
En estos escenarios, la maquinaria gubernamental moviliza sus estructuras para legitimar su gestión, convirtiendo el derecho a revocar en un voto de confianza. El riesgo principal radica en la asimetría de recursos: el poder en turno utiliza la figura no para someterse al escrutinio crítico, sino para movilizar a sus bases, polarizar a la sociedad y blindar su proyecto político frente a sus detractores.
El caso de Oaxaca con el gobernador Salomón Jara ilustra con claridad las tensiones de llevar estos instrumentos a la realidad territorial. De acuerdo con múltiples reportes periodísticos la jornada de revocación de mandato en Oaxaca estuvo plagada de irregularidades, entre ellas la “caída” en al menos tres ocasiones del sistema de conteo de sufragios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) y que tras su restablecimiento fue notorio el incremento de sufragios en favor del gobernador morenista.
Por otro lado, cuando la oposición, en este caso representada por el PAN en Morelos, exige la aplicación de la ley bajo los parámetros federales, los riesgos cambian de signo, pero no de intensidad. Si el oficialismo (Morena y sus aliados) frena o dilata la reforma, la oposición busca apropiarse de una bandera democrática para acotar al gobierno en turno o desgastarlo políticamente de cara a los procesos electorales de 2027 y 2028.
Sin embargo, impulsar la revocación desde la trinchera opositora sin un marco institucional sólido, transparente y blindado contra el uso faccioso puede convertir el ejercicio en un factor de permanente inestabilidad gubernamental. En lugar de consolidar la gobernanza democrática, se corre el peligro de transitar en un ambiente de crispación permanente, donde la gestión pública se subordine al cálculo electoral y al golpeteo político cotidiano, paralizando la administración estatal y municipal.
Por lo pronto el estancamiento legislativo se basa en revisar si es procedente o no el cambio de decisión de 10 municipios, que ante la iniciativa presentada por el Ejecutivo del estado, habían aprobado. Bajo la sospecha de presiones, esos cabildos cambiaron su postura.
