El reciente y escandaloso episodio que precipitó la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral, INE, marcado por revelaciones de presuntas redes de colusión, contratos millonarios asignados a círculos cercanos y un esquema de reparto de prebendas, expone una patología peligrosa: la ambición desmedida convertida en método de gestión. Cuando el árbitro electoral, cuyo mandato supremo es la imparcialidad y la salvaguarda de la voluntad ciudadana, se convierte en socio de una red de proveeduría opaca, el daño trasciende los despachos gubernamentales y pone en vilo la estabilidad de los procesos democráticos venideros.
El caso de la administración de Taddei junto a su red de proveedores preferidos, cuyos tentáculos alcanzan a múltiples institutos electorales locales en al menos 17 entidades federativas, ilustra una degeneración del servicio público. Las indagatorias y los registros revelados evidencian cómo contratos de miles de millones de pesos, vinculados a la producción de materiales tan sensibles como la credencial para votar o servicios tecnológicos de autenticación, sirvieron presuntamente como botín de un grupo de interés.
Esta conducta refleja una ambición desmedida que desafía todo principio republicano. Este contubernio entre funcionarios y contratistas golpea con severidad la confianza pública.
Ninguna elección moderna puede sostenerse únicamente con la instalación de casillas y la distribución de boletas; requiere, de manera indispensable, de la credibilidad en quien organiza el proceso. Cuando la ciudadanía percibe que las cúpulas electorales operan bajo lógicas de enriquecimiento y simulación de competencia, el escepticismo se apodera del electorado.
De cara a las siguientes jornadas electorales, se hace necesario un proceso quirúrgico de designación de la persona que estará al frente del órgano electoral.
La nueva dirigencia tendrá que luchar contra la polarización y desconfianza de los actores políticos que ante la derrota, encontrarán en este antecedente un argumento legítimo para descalificar los resultados.
Tendrá que avanzar ante la apatía ciudadana que puede migrar hacia el abstencionismo, que provoca el rechazo hacia el árbitro electoral.
Deberá aportar toda la información para que la Fiscalía General de la República, FGR, y la Auditoría Superior de la Federación, ASF, logren profundizar en sus investigaciones y deslinden las responsabilidades.
