Ante el reciente asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos, un crimen que ha sacudido nuevamente a la clase política y a la sociedad civil del estado, la gobernadora Margarita González Saravia ha reiterado el compromiso inquebrantable de que no habrá impunidad. Por su parte, el fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, asegura que las indagatorias profundizan en múltiples frentes, desde el ámbito político hasta el empresarial. Sin embargo, las palabras del titular de Ministerio Público chocan frontalmente contra una realidad histórica insostenible: la opacidad y la alarmante falta de resultados de la procuración de justicia local frente a los crímenes políticos que han enlutado y lastimado a la entidad.
El caso de Gabriel Rivas Ríos, es un eslabón en una larga y dolorosa cadena de crímenes de alto impacto que permanecen en la penumbra de la indefinición, que independientemente de la fecha de los sucesos, corresponde al MP resolver. La memoria colectiva de Morelos no olvida agravios de profunda gravedad institucional y social: el asesinato del titular del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Marco Antonio Alvear Sánchez; el homicidio de la diputada estatal de Morelos Progresa, Gabriela Marín Sánchez; el atentado contra del empresario y líder partidista del Partido Verde, Javier Estrada González; o el crimen del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Moreno; sumado a las persistentes denuncias e investigaciones que han pesado sobre figuras del calibre político de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Cada uno de estos episodios debió ser una prueba de fuego para la institución local, pero el saldo ha sido, sistemáticamente, el desaliento social. Cuando el poder político y la delincuencia organizada o los intereses fácticos convergen, las fiscalías estatales suelen quedar atrapadas entre presiones, carencias técnicas y limitaciones estructurales.
Ante este panorama de desconfianza crónica, la sociedad civil y los colectivos de activistas han puesto un ultimátum claro y de alta presión política: otorgan un plazo de ocho días a la Fiscalía Estatal para mostrar avances reales y contundentes.
De lo contrario, advierten, acudirán directamente ante la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones.
Si el fiscal Blumenkron no logra romper con la inercia de la opacidad en este breve plazo, Morelos dará un paso inevitable hacia la federalización de sus crisis de seguridad.
