Este lunes hablemos del miedo que le tiene Morena a la revocación de mandato en Morelos.
Resulta que desde 2022 está pendiente una reforma constitucional para garantizar que la ciudadanía morelense pueda decidir, mediante su voto, si la persona que gobierna debe continuar en el cargo.
El pasado 8 de octubre de 2026 se habría alcanzado el respaldo de 24 ayuntamientos, la mayoría necesaria para aprobar esta reforma. Sin embargo, cuando el Congreso debía avanzar hacia su declaratoria constitucional, comenzaron a aparecer municipios que repentinamente decidieron retirar su voto.
¿Pero qué ocurrió para que cambiaran de opinión?
El 7 de noviembre, la revista periodística Proceso publicó una investigación que señala presuntas amenazas del secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado, contra presidentes municipales para que modificaran sus decisiones. Según los testimonios publicados, las presiones involucrarían negar o retirar obras públicas y auditorías. Acusaciones que Maldonado niega y que, por su gravedad, deben investigarse.
Pero aquí viene la pregunta electoral que nadie debería evadir: ¿qué cambió jurídicamente entre el momento en que los ayuntamientos aprobaron la reforma y aquel en que decidieron retractarse?
¿Descubrieron una inconstitucionalidad de último momento o descubrieron que políticamente resultaba inconveniente permitir la revocación?
Morena sostiene que deben revisarse las nuevas actas para garantizar la legalidad del procedimiento. Pero esa explicación no resuelve por qué surgieron las retractaciones precisamente después de alcanzarse la mayoría constitucional.
Porque una revocación de mandato no solamente abre la posibilidad de retirar a una gobernadora. También coloca su permanencia en el centro del debate público y obliga al gobierno a enfrentar el escrutinio ciudadano.
Y ahí está la contradicción: Morena convirtió la revocación de mandato en una de sus grandes banderas de democracia participativa. Ahora, en Morelos, sus legisladores cuestionan el procedimiento para aprobarla.
¿La participación ciudadana merece celebrarse solamente cuando no incomoda al poder?
Y todavía hay algo más: el Tribunal Electoral de Morelos ya había ordenado concluir el procedimiento legislativo. Por eso, el Congreso debe explicar cómo está cumpliendo esa determinación.
La democracia no puede depender de que sus mecanismos resulten políticamente convenientes. Las nuevas actas deben revisarse, las denuncias investigarse y la ciudadanía recibir respuestas.
Porque gobernar también significa aceptar que el poder está sujeto a evaluación.
