En un intrincado escenario político donde las acusaciones de «línea» institucional y venganzas personales van y vienen, el ex dirigente estatal de Morena, Ulises Bravo Molina, se ha colocado en el centro de una severa incongruencia discursiva. Mientras el hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco se dice víctima de «persecución política» operada por el actual gobierno de Morelos, las declaraciones del magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas, exponen una realidad opuesta: el propio Bravo Molina ha sido señalado por utilizar llamadas de intimidación para influir en las decisiones del Poder Judicial.
El discurso de la victimización: La denuncia de Ulises Bravo
A través de una transmisión en redes sociales acompañado por su equipo legal, Ulises Bravo Molina denunció públicamente una presunta reactivación e instrumentalización de la denuncia por violencia familiar presentada en su contra por su ex pareja, Liu León Luna. Según Bravo, la reciente revocación de su no vinculación a proceso responde a una «venganza política» orquestada directamente por la gobernadora Margarita González Saravia y el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez.
Bravo Molina argumentó que sus discrepancias con la actual mandataria durante el pasado proceso electoral, donde criticó la estrategia de coaliciones, provocaron el resentimiento del Ejecutivo local. En su narrativa de persecución, el exdirigente partidista llegó a asegurar que el magistrado Rafael Brito le confesó textualmente que cambiaría la resolución para vincularlo a proceso porque «había sido una línea que le dictaron desde la Oficina de la Gubernatura».
La incongruencia: El «perseguido» que presiona a los jueces
Sin embargo, el relato de persecución política de Ulises Bravo choca de frente con la contradicción de sus propios actos. En una reveladora entrevista realizada en julio de 2025 con la periodista Carmen Aristegui, el hoy magistrado en retiro del TSJ de Morelos, Carlos Iván Arenas, denunció los mecanismos de presión que el propio hermano de Cuauhtémoc Blanco ejercía sobre los juzgadores.
El magistrado confirmó haber recibido una llamada directa de Ulises Bravo previa a la reprogramación de una de las audiencias clave del caso de un triple homicida apodado “el diablo”. Aunque bajo el cobijo de una supuesta institucionalidad Bravo le pidió «resolver conforme a derecho», el juzgador fue contundente al interpretar el verdadero sentido de la comunicación ante Aristegui:
«¿Pero cómo interpretó usted la llamada? ¿Qué le quiso decir?», cuestionó Aristegui.
— «De intimidación y resolver conforme a derecho significaba, para efectos prácticos, el persuadir y el tratar de influir en la decisión de un magistrado», sentenció el entonces funcionario judicial, quien además confesó sentir temor por su integridad física y la de su familia tras exhibir estas presiones.
Los puntos clave de la contradicción
El contraste entre las declaraciones deja en evidencia la fragilidad del argumento de Ulises Bravo:
• El doble rasero de la «línea»: Bravo acusa al gobierno actual de dictar línea a los magistrados, pero la entrevista con Aristegui demuestra que era él quien levantaba el teléfono para persuadir e intimidar a los integrantes del Tribunal.
• Instituciones bajo asedio: El magistrado denunciante enfatizó que en sus 30 años de carrera jamás había vivido un nivel de presión externa e interna similar, señalando que estas acciones atentan directamente contra la autonomía del Poder Judicial.
«Que litigue en tribunales y no busque fantasmas»: La respuesta del Ejecutivo
La reacción del gobierno estatal ante los señalamientos de Bravo Molina no se hizo esperar, apelando precisamente a su falta de autoridad moral. La gobernadora Margarita González Saravia fue tajante al declarar que «Ulises Bravo no tiene calidad moral para criticar al actual gobierno de Morelos», añadiendo que el grupo político del exdirigente ya tuvo su oportunidad histórica y es la sociedad la que debe calificarlos.
Por su parte, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, ironizó sobre la postura de Bravo al celebrar que finalmente «se quite la máscara y se decante como opositor». García Chávez descalificó que un personaje que está en la antesala de un juicio por violencia familiar pretenda desviar la atención con argumentos políticos:
«La actual administración no se anda embriagando por todos lados, como ocurrió en el gobierno de su hermano… Le recomiendo entonces litigar su asunto en tribunales, más que andar buscando fantasmas», remató el funcionario.
El desmentido del magistrado Brito: «Es un irresponsable»
A la ola de reacciones se sumó el propio magistrado Rafael Brito, aludido directamente por Bravo Molina en su transmisión de redes sociales. Brito desmintió haber recibido cualquier tipo de instrucción o «línea» por parte del Ejecutivo estatal, calificando las declaraciones del exdirigente de Morena como falsas y sumamente irresponsables.
El jurista lamentó que se intente litigar un asunto de índole penal y familiar en la arena política mediante la difamación y el golpeteo mediático; asimismo, advirtió que analiza seriamente la posibilidad de proceder legalmente y presentar una denuncia formal en contra de Ulises Bravo por daño moral y por los señalamientos infundados que atentan contra su honorabilidad y la independencia de su función jurisdiccional.
La opinión pública y el foro judicial en Morelos observan con escepticismo la defensa de Ulises Bravo. La nota periodística de su caso parece haber dado un vuelco irreversible: el hombre que hoy acusa una conspiración de Estado en las redes sociales es el mismo que, de acuerdo con testimonios del propio Tribunal, utilizaba el peso de su parentesco y su cargo para inclinar la balanza de la justicia a su favor.
