Más allá de la coyuntura política y social, resulta interesante analizar los múltiples beneficios que acarrearía la expropiación del predio “la cazahuatera” para mantenerla como un área verde pública, así como los complejos procedimientos jurídicos y los contrapesos legales que ambas partes, el Estado y los propietarios, deberán enfrentar en este litigio de interés público.
La reciente decisión del Gobierno del Estado de Morelos de iniciar el proceso de expropiación del predio de aproximadamente cinco hectáreas de selva baja caducifolia y hogar de unos 1,600 árboles nativos, responde a una exigencia histórica de colectivos ambientalistas y ciudadanos, potenciada trágicamente tras la lucha y el asesinato del regidor y activista Gabriel Rivas Ríos.
De acuerdo con especialistas, convertir este pulmón urbano en un Área Natural Protegida o parque ecológico impactaría positivamente en tres grandes ejes: beneficios ambientales y climáticos; sociales y de salud pública; así como económicos y patrimoniales.
Se mantendría la regulación térmica, calidad del aire y captura de carbono, seguridad hídrica y el corredor de biodiversidad. Se beneficiaría la salud mental y física de los vecinos o usuarios; se mantendría la mitigación acústica. Se privilegiaría la plusvalía de los predios vecinos y se conservaría el ahorro energético, al evitarse el uso de aires acondicionados o ventiladores en la zona.
Ahora bien, para lograr la expropiación el gobierno estatal deberá emitir el decreto que justifique la Causa de Utilidad Pública, que este este caso será demostrar que el mantener la zona verde es superior al interés privado de edificar un desarrollo inmobiliario de cientos de viviendas. Se deberá de establecer una Indemnización Constitucional Justa que, para evitar la procedencia de un amparo, tiene que contemplar además del valor comercial, el daño causado ante el avance de un proyecto inmobiliario que había cumplido varias etapas.
Antes de hace necesario la integración de un expediente técnico que justifique la inviabilidad de permitir obras de urbanización en el sitio debido al daño ecológico irreversible que acarrearían.
Por su parte, los propietarios del predio y las empresas inmobiliarias asociadas al proyecto cuentan con salvaguardas constitucionales y procesales para defender su patrimonio e inversión. Su estrategia jurídica se centrará en el juicio de amparo indirecto, la impugnación del avalúo y la revisión de derechos adquiridos.
Si el gobierno estatal logra articular un procedimiento expropiatorio impecable, sustentado en la ciencia ambiental y con la capacidad presupuestal para cubrir una justa indemnización, mandará un mensaje contundente en favor de la sustentabilidad urbana. Sin embargo, es de esperarse que enfrente tendrá un litigio técnico complejo donde los propietarios exigirán el respeto estricto al estado de derecho y a la propiedad privada.
