Las apabullantes evidencias de corrupción en el Instituto Nacional Electoral, aderezadas para el morbo con la exhibición pública de los detalles de una intimidad contaminada, empezaron por hacer renunciar a su presidenta, la señora Guadalupe Taddei, ahora prudentemente oculta, y desataron una crisis cuyas secuelas han golpeado al organismo y al sistema electoral.
No será fácil remontar el desastre, cuyas facetas son varias; menos aún cuando desde el gobierno, una vez más, la preocupación es proteger a los suyos a la vez que se intenta echar culpas sobre el pasado, en vez de proceder directamente contra los asaltantes pillados en el cochinero.
El salvamento del INE, institución que fue fundamental para la modernización democrática del país, y cuya preservación ahora es indispensable para proteger el derecho de los ciudadanos a elegir en libertad a sus gobernantes, luce tal vez más complicado que el momento de su fundación.
El nombramiento de la nueva presidenta está actualmente en manos del Congreso, pero se ha vuelto un galimatías.
El escenario de la imposición en 2023 de la ahora defenestrada presidenta por el muy cuestionado método de la tómbola, vacilada que sólo exhibe la incapacidad del grupo en el poder para negociar con las fuerzas políticas nacionales y llegar a una designación de consenso, se repite ahora, a grado tal que no hay acuerdo ni siquiera al interior del grupo parlamentario mayoritario.
El periodo de sesiones del Legislativo concluye en cinco semanas, y no ha podido emitirse al menos la convocatoria que inicie el proceso previsto en la ley. Los partidos de oposición, para completar el cuadro, han condicionado su participación y voto a una reforma que dé marcha atrás a los superpoderes que se le entregaron a la presidenta Taddei, los cuales facilitaron el esquema conocido de corrupción.
Por supuesto, la mayoría constitucional que todavía detentan Morena y sus aliados, haría posible nombrar a cualquiera, como lo hicieron hace un trienio, y más fácil. Pero la legitimidad y la credibilidad del instituto difícilmente se recuperará con esas formas. Intentar el consenso, la figura democrática idónea, no sólo es complejo, implica tiempo del que no se dispone y la voluntad de negociar y ceder, capacidad que no está en el ADN de quienes gobiernan.
Las elecciones próximas están a menos de siete meses, y en esa ruta el INE navega por inercia, en manos de una presidenta interina que también ha recibido cuestionamientos por su desempeño en el Instituto Electoral de Puebla.
Sin embargo, más que las dificultades técnicas, lo que el proceso electoral tiene enfrente sin resolver, es la percepción popular de que el voto ciudadano, y por lo tanto el destino político de la nación, ha estado en manos de un grupo de delincuencia organizada.
