Hablar de derechos humanos en Morelos exige memoria. Durante años, este tema fue tratado como un discurso accesorio: reactivo, fragmentado y, en muchos casos, subordinado a la coyuntura política. Las políticas públicas con enfoque de derechos humanos fueron escasas, desarticuladas o inexistentes, y el Estado solía responder tarde (o no responder) frente a violaciones estructurales.
En contraste, el actual gobierno encabezado por Margarita González Saravia ha colocado los derechos humanos en un plano distinto: no como retórica, sino como decisiones normativas, programáticas y políticas públicas identificables, aún perfectibles, pero claramente diferenciadas del sexenio anterior.
Un primer elemento que marca este cambio es el Plan Estatal de Desarrollo del actual gobierno que incorpora de manera transversal el enfoque de derechos humanos. Esto implica que las políticas, programas y acciones de las dependencias estatales deben diseñarse, ejecutarse y evaluarse bajo principios de igualdad, no discriminación, progresividad y respeto a la dignidad humana. A diferencia del instrumento de planeación del gobierno anterior, este enfoque deja de ser declarativo y se convierte en un criterio rector de la acción pública.
Sobre esta base programática, uno de los avances más relevantes es el impulso a la reforma del artículo 2 BIS de la Constitución de Morelos, orientada al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromorelenses. Mientras que en el pasado este tema permaneció fuera de la agenda constitucional, la actual administración asumió el compromiso político de elevar estos derechos al máximo nivel normativo del estado, reconociendo obligaciones claras en materia de identidad, autonomía, participación y no discriminación.
En el ámbito territorial, el programa “Territorios de Paz y Buen Vivir” representa un giro respecto a la lógica omisa que predominó en el pasado. Frente a políticas sociales dispersas y centralizadas, esta estrategia apuesta por la intervención comunitaria y la atención de desigualdades estructurales desde el territorio, en congruencia con un enfoque de derechos económicos, sociales y culturales.
En materia de derechos de las mujeres, el contraste es particularmente evidente. El fortalecimiento de la política integral para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, especialmente en municipios con Alerta de Violencia de Género, marca una diferencia frente a la inercia institucional que caracterizó al gobierno anterior. La coordinación interinstitucional y la capacitación sistemática no resuelven por sí solas el problema, pero sí constituyen obligaciones mínimas que antes no se atendían con la debida prioridad.
Asimismo, las políticas de igualdad económica y laboral para mujeres y grupos históricamente vulnerados, reflejan una comprensión más amplia de los derechos humanos, que no se limita a la atención de emergencias, sino que busca generar condiciones de igualdad sustantiva. Este enfoque estuvo poco presente en la administración pasada, donde la desigualdad fue atendida principalmente desde una lógica asistencial.
En este contexto, es importante precisar que la Agenda Estatal de Derechos Humanos 2025–2028 es resultado de un proceso de escucha, análisis y construcción impulsado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a partir de recorridos territoriales, diálogo con víctimas, organizaciones y autoridades municipales. El valor de este momento radica en que el gobierno estatal, encabezado por Margarita González Saravia, se ha sumado institucionalmente a este esfuerzo y ha instruido la instalación de una mesa interinstitucional permanente, con el objetivo de dar seguimiento, coordinar acciones y articular a las dependencias estatales con la Comisión, respetando su autonomía y fortaleciendo la implementación de la agenda.
Estos avances no agotan los retos que enfrenta Morelos en materia de derechos humanos, ni sustituyen la necesidad de resultados concretos y sostenidos en el tiempo. Sin embargo, sí permiten identificar un cambio en la orientación de la política pública estatal y abren un espacio legítimo para la evaluación, el seguimiento y la exigencia social informada.
El desafío compartido es claro: que la planeación, la coordinación institucional y la acción pública se traduzcan en garantías efectivas para las personas, y que el enfoque de derechos humanos deje de ser una excepción para convertirse en una práctica permanente del Estado.
