No podemos dejar de comentar que el pasado 29 de mayo de 2026 ocurrió algo que debería incomodar incluso a los más entusiastas defensores de la llamada transformación judicial. Ese día, el Senado de la República aprobó con 87 votos a favor y 40 en contra una reforma constitucional para aplazar la elección judicial de 2027 a 2028. Sí, la misma reforma que había sido presentada como una revolución democrática terminó necesitando una reforma correctiva antes de completar su implementación.
La explicación oficial fue técnica: boletas demasiado complejas, exceso de candidaturas, problemas operativos y la necesidad de evitar que la elección judicial coincidiera con los comicios intermedios de 2027. En otras palabras, el modelo que se vendió como histórico resultó tan accidentado que hubo que meterlo al taller antes de recorrer el primer tramo completo.
Pero si el Senado actuó con rapidez, Morelos decidió romper récords.
También el 29 de mayo de 2026, prácticamente en sincronía con la decisión federal, el Congreso del Estado aprobó la armonización de la reforma para aplazar la elección popular de jueces y magistrados hasta 2028. El resultado fue revelador: 14 votos a favor y apenas 5 en contra. No hubo resistencia significativa, no hubo debate de fondo y tampoco demasiadas dudas. La instrucción venía de arriba y la mayoría local entendió perfectamente el mensaje.
Resulta curioso observar cómo hace apenas unos meses se defendía con fervor la elección judicial en 2027. Era urgente, impostergable y necesaria para democratizar la justicia. Hoy, los mismos actores sostienen con idéntica convicción que lo mejor es esperar hasta 2028. La consistencia ideológica parece ser menos importante que la disciplina política.
Así que, salvo una nueva modificación —que a estas alturas ya no sorprendería a nadie—, los ciudadanos de Morelos acudirán a las urnas para elegir jueces y magistrados el 4 de junio de 2028, fecha en que se realizará la jornada judicial federal y local.
Sin embargo, el asunto de fondo sigue intacto. Si una reforma necesita otra reforma para corregirla apenas unos meses después, quizá el problema nunca fue el calendario. Quizá el problema fue el diseño.
Porque mientras los legisladores celebran haber encontrado la solución, los ciudadanos observan cómo una reforma constitucional que prometía transformar la justicia ahora necesita ser transformada a sí misma.
Y cuando los arquitectos empiezan a reforzar los cimientos antes de inaugurar el edificio, la pregunta no es cuándo abrirán las puertas. La pregunta es si alguna vez estuvieron seguros de que la construcción podía mantenerse en pie.
