Este lunes quiero poner sobre la mesa que mañana, 27 de enero, se conmemora en Morelos el Día Estatal de las Personas Afromexicanas. Así lo establece un decreto que, al menos en el papel, reconoce su existencia, su historia y sus aportaciones. Sin embargo, en la realidad jurídica y política, ese reconocimiento convive con una contradicción evidente: mientras se les conmemora, se les sigue tratando desde una categoría equivocada, la de grupos vulnerables, como si bastara con protegerlas y no con reconocerlas como pueblos con derechos colectivos.
El marco jurídico estatal refleja esa ambigüedad. Por un lado, el decreto visibiliza a las personas afromexicanas y obliga a las instituciones a nombrarlas, aunque sea un día al año. Por el otro, el diseño electoral de Morelos las encasilla junto a jóvenes, personas adultas mayores, comunidad LGBT o personas con discapacidad, diluyendo su carácter de pueblos y comunidades originarias. Esta clasificación no es inocua: baja su rango constitucional, debilita su reconocimiento político y convierte derechos estructurales en concesiones temporales.
La Constitución federal reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público. En Morelos, en cambio, se les sigue tratando como si necesitaran protección y no poder. La diferencia no es semántica, es política: mientras se les mantenga como “grupo vulnerable”, no existe obligación de representación, solo acciones afirmativas frágiles y sujetas a voluntad.
Aun así —y aquí viene la parte incómoda para el Estado— las personas afro no se quedaron esperando. En el Proceso Electoral Ordinario 2024 participaron 85 candidaturas afromexicanas, y 20 personas resultaron electas. Hoy existen 9 regidurías afromexicanas en los municipios de: Ayala, Coatlán del Río, Jiutepec, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Tetecala y Tlaquiltenango. No es menor para un grupo al que se le negó un diseño institucional propio.
Además, de acuerdo con el informe del IMPEPAC, el actual Congreso del Estado de Morelos se integra con una diputada, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, y un diputado, Luis Eduardo Pedrero González, quienes se autoadscriben como personas afromexicanas. Es un hecho inédito que abre una ventana de esperanza para exigir que la Quincuagésima Sexta Legislatura deje de conmemorar sin transformar y coloque a las personas y comunidades afromexicanas donde constitucionalmente pertenecen.
Ojalá que rumbo a 2027 se garantice al menos un curul plurinominal afro y regidurías obligatorias en los cabildos, porque la dignidad no se celebra un día: se legisla, se respeta y se representa. Aprovecho para enviar un reconocimiento a Ana García González y Margarita Cárdenas Nava, defensoras firmes de los derechos político-electorales de las personas afro morelenses.
Esto fue Democracia sin likes, con Perla Pedroza.
