La noche de las elecciones de medio mandato (midterms) en Estados Unidos ha dejado una huella indeleble en el tablero geopolítico del continente. Con un vuelco electoral histórico que arrebató al Partido Republicano el control absoluto del Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, la administración de Donald Trump enfrenta un contrapeso institucional sin precedentes.
Más allá de la lectura interna estadounidense y la fractura del poder en Washington, y aunque hay que esperar las estrategias que implementará la Casa Blanca, este reacomodo abre una ventana de oportunidades sumamente atractiva para México, augurando un cambio de dinámica en la relación bilateral fincado en el equilibrio y la cooperación.
Durante la primera mitad del mandato de Donald Trump, la agenda con nuestro país estuvo marcada por la presión arancelaria, el endurecimiento de las políticas migratorias unilaterales y una retórica constante de confrontación.
Al asumir los Demócratas el control de las comisiones clave de investigación y la potestad de aprobar o frenar nombramientos y presupuestos, el Poder Legislativo estadounidense se erige como un dique de contención frente a los desbordes de la política ejecutiva. Para México, esto significa que cualquier medida drástica o sanción económica unilateral que pretenda imponer la Casa Blanca deberá someterse al escrutinio de un Congreso bicameral de oposición, interesado en la estabilidad regional y en proteger los intereses comerciales de Norteamérica.
Un elemento esperanzador para la diplomacia mexicana es la profunda transformación política vivida en estados fronterizos clave. El histórico triunfo de la demócrata Gina Hinojosa como gobernadora de Texas, la primera mujer hispana en ocupar el cargo, y la llegada de James Talarico al Senado configuran un nuevo liderazgo en la franja fronteriza más dinámica del comercio bilateral. Recuérdese el endurecimiento de la política anti inmigrante y avance en la construcción del muro fronterizo impulsado por Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato gubernamental.
Históricamente, Texas -son 3,152 kilómetros de frontera con México- ha sido el epicentro de tensiones migratorias y medidas de seguridad unilaterales que afectaban el cruce comercial.
La nueva configuración política abre la puerta a un diálogo más constructivo y humanitario. Una administración estatal con sensibilidad demócrata e hispana comprende que la frontera con Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, no debe ser considerada zona de guerra, sino un ecosistema económico profundamente integrado donde la cooperación binacional en materia de infraestructura, aduanas y flujo comercial beneficia a ambas sociedades.
En el plano comercial, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) esperamos deje de ser utilizado como moneda de cambio para imposiciones ideológicas o proteccionismos extremos.
El bloque demócrata, de acuerdo con su historia, prioriza el cumplimiento de las normativas laborales, ambientales y los marcos multilaterales institucionales. Para México, esa postura puede generar certidumbre jurídica ante las sacudidas imprevisibles de los decretos ejecutivos unilaterales. Es de esperarse que la relación comercial recaiga en la negociación institucional, garantizando cadenas de suministro estables y consolidando a México como el socio comercial estratégico número uno de Estados Unidos a través del fenómeno del nearshoring.
La reconfiguración del poder en Washington obliga a replantear la seguridad y la migración no desde la óptica de la coerción, sino de la corresponsabilidad. Un Congreso demócrata fortalecido es, por naturaleza, más receptivo a los argumentos sobre la necesidad de atender las causas estructurales de la migración y de combatir de manera binacional el tráfico de armas de alto poder que cruzan desde el norte hacia México.
