Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo que participaron en las protestas de la noche de este miércoles 15 de julio en las instalaciones del Congreso y que solicitaron el anonimato por temor a perder sus empleos, calificaron la presentación de denuncias ante la fiscalía como una «represalia jurídica» por parte de los diputados. Los empleados señalaron que el uso de la vía penal y las amenazas de rescisión de contratos son una estrategia intimidatoria para desmovilizar a la base trabajadora, infundir miedo y silenciar el legítimo reclamo por la defensa de sus derechos y la exigencia de un diálogo abierto y resolutivo con la legislatura.
Rafael Reyes amaga con consecuencias penales mientras Isaac Pimentel prioriza el diálogo
La reciente manifestación de trabajadores sindicalizados que irrumpieron en el área de curules para exigir la revisión de su convenio y protestar contra un supuesto recorte de prestaciones, ha provocado reacciones encontradas en la cúpula del Poder Legislativo.
Aunque la Mesa Directiva y la coordinación de Morena coinciden en que la violencia ejercida no quedará impune, el tono de sus discursos revela dos estrategias opuestas para solucionar el conflicto: el amago punitivo frente a la concertación política.
El discurso del amago: Rafael Reyes advierte repercusiones legales y laborales
Para el coordinador de la bancada de Morena, Rafael Reyes Reyes, la irrupción de los trabajadores rebasó cualquier límite permitido dentro de la vida institucional del Congreso. Con un discurso tajante y sin concesiones, el coordinador morenista advirtió que la protesta tendrá un costo directo para los empleados involucrados.
Al ser cuestionado sobre si los sindicalizados se habían excedido en sus formas de protesta, Reyes fue contundente:
«Me parece que hubo un exceso de violencia, no había ninguna necesidad y las cosas no se pueden pedir de esa forma… y mucho menos lastimar a una institución que es la institución en la que ellos mismos laboran y trabajan.»
Reyes dejó en claro que no habrá espacio para la omisión y anticipó que las medidas correctivas abarcarán múltiples frentes:
- Consecuencias laborales: Posibles sanciones administrativas o rescisiones de contratos bajo el marco de la Ley del Servicio Civil.
- Consecuencias legales y penales: Respaldo total a las denuncias por agresiones y daños materiales al recinto legislativo.
El camino de la concertación: Isaac Pimentel garantiza derechos y mantiene la mesa de negociación
En contraste, el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, adoptó un tono pacificador y de apertura. Si bien confirmó que ya se han presentado las primeras denuncias penales por parte del personal de seguridad agredido durante la madrugada y que se tienen plenamente identificadas a entre 20 y 22 personas que generaron violencia, el diputado enfatizó que la vía institucional para resolver las demandas laborales sigue intacta.
Pimentel desmintió categóricamente que el Congreso pretenda recortar o vulnerar las conquistas laborales de la base trabajadora:
«Lo que ellos dicen que se les iba a tocar es totalmente falso. Todo lo que tienen ganado en sus convenios, en sus derechos sindicales, se les ha respetado tal cual. Ni un centavo se les ha tocado.»
Una contrapropuesta sobre la mesa
A diferencia del tono de confrontación de su homólogo de Morena, el presidente del Congreso optó por detallar el estatus de las negociaciones y anunció que este viernes sostendrán una reunión clave para destrabar el conflicto:
- La demanda sindical: El sindicato planteó inicialmente un incremento salarial del 8% más el aumento de diversas prestaciones, lo que representaba un impacto presupuestal de casi 8 millones de pesos. Posteriormente, ajustaron su propuesta a un 6.2%.
- La postura del Congreso: Los diputados analizarán las condiciones presupuestales para presentar una contrapropuesta formal mañana viernes a las 17:30 horas.
- El objetivo: Alcanzar un acuerdo de «justa medianía» que equilibre las finanzas del Poder Legislativo con las aspiraciones salariales de los trabajadores.
Dos visiones ante la crisis
La jornada de protestas ha dejado al descubierto las dos almas que hoy operan en el Congreso de Morelos para resolver las crisis internas. Mientras Rafael Reyes apuesta por marcar una línea dura que castigue el «exceso» y proteja la solemnidad del Poder Legislativo a través del rigor penal y laboral, Isaac Pimentel busca encapsular las conductas violentas como hechos aislados para evitar que descarrilen una negociación salarial que, asegura, siempre ha estado cobijada por el diálogo.
