Ayer se conmemoró en México el Día del Abogado. Más que una fecha para las felicitaciones o los reconocimientos protocolarios, fue una oportunidad para preguntarnos qué tan fuerte sigue siendo el Estado de derecho y cuál es el papel de quienes juraron defender la ley en un país cada vez más dividido.
El ejercicio del Derecho nunca ha sido sencillo, pero en los últimos años se volvió particularmente complejo. La justicia quedó atrapada en el debate político, las instituciones fueron puestas bajo una presión constante y las decisiones jurídicas comenzaron a medirse, muchas veces, más por su impacto mediático que por su fundamento legal.
Durante los años de la Cuarta Transformación se impulsó un profundo cambio en la vida pública del país. Para unos representó el combate a viejos privilegios y el intento de transformar las estructuras del poder; para otros significó una preocupante concentración de decisiones y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. Esa discusión seguirá abierta, pero hay un hecho que resulta imposible ignorar: México llegó a un nivel de polarización que terminó por instalarse en la vida cotidiana.
Se volvió común etiquetar a las personas antes que escuchar sus argumentos. Parecía que sólo existían dos opciones: estar totalmente a favor o totalmente en contra. En ese ambiente, el diálogo perdió espacio, el debate se empobreció y la capacidad de construir acuerdos se fue debilitando.
Y precisamente ahí es donde la figura del abogado adquirió una relevancia mayor. Porque el Derecho no nació para satisfacer intereses políticos ni para servir a los gobiernos en turno. Nació para poner límites al poder, proteger los derechos de las personas y garantizar que nadie estuviera por encima de la ley.
Los abogados tuvieron y seguirán teniendo la responsabilidad de recordar que la Constitución no pertenece a un partido político, a una ideología ni a un gobierno. Es el pacto que sostiene nuestra convivencia democrática.
México necesitó, y seguirá necesitando, profesionales del Derecho capaces de defender la independencia judicial, exigir transparencia, combatir la corrupción sin distingos y preservar instituciones fuertes. Porque una democracia no se fortalece eliminando los contrapesos; se fortalece respetándolos.
Las sociedades no fracasan por tener diferencias. Fracasan cuando dejan de confiar en sus instituciones, cuando la ley pierde autoridad y cuando la justicia comienza a depender de la popularidad o de la conveniencia política.
Ayer, en el Día del Abogado, la reflexión debió ir mucho más allá de una ceremonia. Debió convertirse en un llamado para recuperar el valor de la legalidad, del diálogo y del respeto entre quienes piensan distinto. Ningún proyecto político puede sostenerse si divide permanentemente a la sociedad, porque gobernar no significa vencer al adversario, sino construir un país donde también tengan cabida quienes no comparten la misma visión.
Y vale la pena cerrar con una reflexión que trasciende cualquier sexenio: los gobiernos pasan, las mayorías cambian y los discursos evolucionan. Lo único que debería permanecer intacto es el compromiso con la Constitución y con la justicia. Cuando un país deja de defender la ley para defender a los poderosos, empieza a perder su libertad. Y cuando los abogados olvidan que su mayor obligación es con la sociedad y no con el poder, dejan de ser guardianes del Derecho para convertirse en simples espectadores de su deterioro.
