En un Estado de Derecho no basta con que una persona sea investigada por la posible comisión de un delito; también es indispensable que las autoridades respeten la Constitución y los derechos humanos durante toda la investigación; pues de lo contrario, se corre el riesgo que el procedimiento pierda credibilidad. A partir de ello surge la figura jurídica conocida como efecto corruptor.
El efecto corruptor consiste en que una actuación ilegal o arbitraria de la autoridad es tan grave que no solo invalida una prueba en particular, sino que contamina todo el procedimiento y el conjunto de las pruebas obtenidas; en otras palabras, la irregularidad es de tal magnitud que ya no es posible confiar en la legalidad, ni en la imparcialidad de la investigación.
A manera de ejemplo, una persona que es detenida sin orden judicial, incomunicada durante varias horas y obligada mediante amenazas a señalar el lugar donde supuestamente se encuentran diversos objetos relacionados con un delito; aunque posteriormente la autoridad encuentre esos objetos, si el citado hallazgo deriva de una actuación violatoria de derechos fundamentales, puede considerarse que toda la investigación quedó contaminada por esa ilegalidad. En ese supuesto, el problema ya no es únicamente una prueba obtenida de manera ilícita, sino la pérdida de confiabilidad de todo el procedimiento.
Ahora bien, el efecto corruptor no debe confundirse con la exclusión de la prueba ilícita; pues esta última implica que únicamente se elimina la prueba obtenida con violación de derechos humanos, permitiendo que el resto del material probatorio pueda conservar su valor si fue obtenido legalmente, por su parte el efecto corruptor tiene un alcance mayor, pues la actuación indebida de la autoridad compromete la credibilidad de toda la investigación.
En México, esta figura ha sido desarrollada principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha sostenido que el efecto corruptor se actualiza cuando concurren tres elementos: primero, que la autoridad actúe fuera del marco constitucional y legal; segundo, que esa conducta genere pruebas cuya confiabilidad quede comprometida; y tercero, que la violación afecte gravemente el derecho de defensa del imputado, colocándolo en un estado de indefensión. Cuando ocurre lo anterior, el juez puede llegar a declarar la invalidez de todo el proceso penal
En conclusión, el efecto corruptor representa una garantía en el proceso para evitar que las autoridades obtengan ventajas mediante actuaciones ilegales; pues su finalidad no es favorecer a quienes cometen delitos, sino proteger la legalidad, el debido proceso y la confianza de la sociedad en la administración de justicia.
