En las últimas décadas, uno de los mayores desafíos para el Estado mexicano ha sido la creciente capacidad de la delincuencia organizada para infiltrarse en distintos espacios del poder público. Aunque sería injusto sostener que la totalidad del poder político se encuentra bajo su control, es innegable derivado de los acontecimientos recientes sostener, que diversos grupos criminales han logrado influir en decisiones gubernamentales, procesos electorales e instituciones de seguridad y justicia, debilitando o poniendo en duda el estado de derecho y la confianza ciudadana, cada día más debilitada y preocupante.
La expansión territorial y económica de las organizaciones criminales ha permitido que, en numerosas regiones del país, estas ejerzan un poder paralelo al de las autoridades, mediante el uso de la corrupción y la intimidación, y desgraciadamente utilizando a la violencia como común denominador buscando asegurar condiciones favorables para sus actividades ilícitas, interviniendo en la designación de funcionarios, financiando campañas políticas, presionando a candidatos o imponiendo reglas de facto en municipios y comunidades donde la presencia del Estado es limitada y no existe orden ni control administrativo eficiente.
Uno de los mecanismos más preocupantes es la corrupción de servidores públicos. Cuando funcionarios, policías, ministerios públicos o incluso representantes de elección popular establecen vínculos con grupos delictivos, las instituciones dejan de responder al interés público y comienzan a favorecer a intereses particulares e ilegales, generando impunidad, inestabilidad e incertidumbre colectiva. Esta situación obstaculiza la procuración de justicia y debilita la capacidad del gobierno para combatir eficazmente al crimen organizado.
En México, diversos procesos electorales han estado marcados por denuncias de amenazas, agresiones e incluso homicidios de candidatos y actores políticos, lo que denota claramente la intención de organizaciones criminales de influir en la integración de gobiernos preferentemente locales. Estas conductas no solo afectan la libertad del ejercicio constitucional de ejercer libremente el voto y la libre competencia democrática, sino que también ponen en riesgo la gobernabilidad, la estabilidad, la legitimidad de las instituciones del estado mexicano.
Las consecuencias de este fenómeno trascienden el ámbito político. La inversión, el desarrollo económico y la cohesión social se ven afectados cuando prevalece un entorno de inseguridad. La ciudadanía está cada día perdiendo la confianza en las autoridades al percibir claramente, que la aplicación de la ley en muchos casos depende hoy, de intereses criminales más que del cumplimiento de las normas vigentes y eso genera incertidumbre jurídica.
Frente a esta realidad, el fortalecimiento de las instituciones, la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, la transparencia en el ejercicio del poder, la fiscalización de los recursos públicos y el combate efectivo a la corrupción debieran constituir una práctica cotidiana en el ejercicio del poder público, elementos indispensables para reducir la capacidad de influencia de la delincuencia organizada. Debiendo insisto mi querido Teodoro contar con instituciones sólidas y una ciudadanía participativa, congruente y que actúe como contrapeso de las decisiones de los gobiernos, sobre todo locales.
Solo así, será posible recuperar plenamente la confianza en la democracia y garantizar que las decisiones públicas respondan al interés general y no a presiones de grupos criminales.
Si bien es cierto en el ámbito federal, es donde más se observa mecanismos de control administrativo y en la operación de los contratos, las adjudicaciones, el manejo de recursos públicos está determinado por procesos administrativos de revisión constante, mediante auditorías, solicitudes de información, e incluso procesos muy vigilados de operaciones de los recursos del estado, en los municipios se vuelve muy complicado que las auditorías superiores, tengan mecanismos parecidos a los de la Federación.
Es importante promover reformas locales que garanticen el combate a la corrupción, a la delincuencia y sus efectos en la sociedad, mediante el fortalecimiento operativo de las instancia correspondientes de vigilancia y rendición de cuentas.
En este contexto, los asesinatos de alcaldes en México registrados de 2024 a la fecha evidencian la persistencia de la violencia política a nivel municipal, particularmente en zonas de alta disputa territorial, y del control de las instituciones locales.
El asesinato en pasados días del Alcalde de Temoac, es claro ejemplo de la situación de ingerencia de grupos criminales en el territorio Morelense.
Y aquí es cuando más que reproche, debe haber un llamado enérgico para los partidos políticos, en el sentido de los controles que deben tener al momento de analizar a los perfiles que mandarán a la contienda electoral. Sus antecedentes laborales, familiares e incluso preparación profesional.
El reto de México es sin duda transitar hacia la libertad democrática, en la búsqueda constante de recuperar la confianza de los ciudadanos y dar certeza jurídica y fortalecer las instituciones, su operación y legalidad en sus procesos de gestión gubernamental. Urge como hemos insistido en este espacio, una ley efectiva de participación ciudadana, con carácter vinculante , y de observación popular que permita ejercer presión al Estado en el cumplimiento de la norma.
