La contraposición entre democracia y autoritarismo conforma una visión que se refleja en el énfasis contrastante en las libertades, por parte del primero, y de la seguridad por el segundo; el régimen de libertades que postula la democracia y, en la otra, la que pretende garantizar el orden y la seguridad como la esencia del poder.
En lapso de los ocho años que comprende el tramo entre 2018 y 2026, uno de los temas más polémicos tiene que ver con el enfoque otorgado al tema de la seguridad, en tanto transitó por un primer segmento caracterizado por una especie de disuasión a la actividad criminal sustentada en el buen entendimiento, el trato obsequioso y los mensajes persuasivos desde la administración, para pasar después a la confrontación con los representativos de las organizaciones delictivas.
Se trata de una mudanza en la política del gobierno en contra de la criminalidad, ejemplificada en el abandono de lo que fue la tristemente célebre expresión de “abrazos y no balazos”, y a través de la cual se escenificó una inocultable fase de connivencia de la autoridad con la criminalidad. ¿Dónde se fisuró ese entendimiento? Es evidente que ello ocurrió a partir de la presión norteamericana para contener el flujo de narcotráfico proveniente de nuestro país y que ha tenido como destino a nuestro vecino del norte.
A partir de ese momento, México se vio forzado al despliegue de acciones efectivas para capturar las cabezas de las organizaciones criminales, y con márgenes reducidos para evitarlo, ante el impulso de información de inteligencia y de testimonios de testigos protegidos que dotaron a las agencias norteamericanas de información estratégica permitiéndoles un reclamo documentado a nuestro país.
El gobierno de la permisibilidad criminal que caracterizó a la administración lopezobradorista, tuvo que reconvertirse para brindar acciones efectivas, detenciones y capturas significativas, destrucción de laboratorios para la elaboración de drogas, interrupción de flujos de narcotráfico, que ahora promueve la actual administración y que pretende usar como plataforma para reconvertir su imagen y disponer de elementos en sus negociaciones con los Estados Unidos.
Para lograr esa reconversión, México ha puesto en marcha lo que se puede llamar un gobierno de custodios, que personifica el basto y creciente componente policiaco y de cuerpos ocupados en la seguridad, y sobre los que se asienta la capacidad persecutora de delincuentes; sin embargo, se arrastra una herencia de complicidades dentro de una gran red cuya conformación no se ha querido desbrozar.
Se trata del involucramiento y complicidad de personajes con influencia política, de funcionarios y representantes populares que han formado parte de esas redes, como especialmente se puso de manifiesto en Sinaloa; en ese sentido las solicitudes de detenciones, para fines de extradición, de distintas figuras que ocuparon posiciones destacadas en esa administración estatal, pero que se ha intentado, vanamente, de desestimar con un claro costo político para el país.
El binomio complicidad-impunidad queda exhibido en la ruta de una extraña gobernanza interior, que se pretende ocultar mediante un falso soberanismo que acaba por servir de instrumento encubridor de la imbricación evidente que se tuvo desde el gobierno para hacer posible una brutal red para la realización de una extendida operación de narcotráfico, huachicol, corrupción en la realización de obras públicas y obtención de contratos.
Sobre estos asuntos el segundo informe de gobierno poco refiere y menos explica, a pesar de que su incidencia marca el paso de la administración y significa muchos de los problemas más agudos que enfrenta. Seguramente esto ocurre porque la administración pretende una narrativa increíble, pero que se descalifica por lo contradictorio de las posiciones que ha asumido al brindar un apoyo irrestricto, unánime y sonoro al exgobernador Rocha Moya cuando por primera vez se separó de su cargo; solo para que después, y de cara a su segunda licencia, quienes antes lo respaldaron hicieran mutis y fueran omisos.
Ahora la administración pretende garantizar seguridad y lo hace a partir de las supuestas capacidades que le confiere un gobierno de custodios, un gobierno que centraliza y concentra funciones en detrimento de las otras instancias y poderes. Pero el gobierno de custodios tiene una ruta que pretende intercambiar seguridad en demérito de las libertades, de la auténtica soberanía y de la democracia.
Se traza un trayecto que romperá las posibilidades de entendimiento y por eso sacrificará la pluralidad. El autoritarismo desandará el camino por el que transitamos durante los últimos años y nos conducirá a la crisis política y económica. El gobierno de custodios elevará sus mecanismos de control, romperá lanzas, descalificará y fustigará a los opositores y nos conducirá a un callejón ante el imperativo de proteger y encubrir al liderazgo amoral que vive semioculto, pero que se mantiene en las filas del partido gobernante como la brújula que marca su destino.
El segundo informe de gobierno se convirtió en un desinforme y en un mero acto publicitario que insiste en una narrativa cada vez más extraviada, más lejana de los derechos humanos, de sensibilidad para responder a las madres buscadoras y de capacidad para pasar del llamado de unidad a su partido, a la construcción de un entendimiento sustentado en el diálogo nacional.
