En el escenario político mexicano respecto al episodio más reciente en Sinaloa, Rubén Rocha Moya es un síntoma y la degradación es la enfermedad en términos reales para las personas, las familias y las empresas. Antes, el soborno y la intimidación, entre otros factores, precipitaron la entrega de la plaza pública por Quirino Ordaz, a cambio de su exilio dorado en la embajada en Madrid.
AMLO pacta con la facción de los Chapitos y coloca a Rocha en el Palacio de Gobierno de Culiacán, con la aportación de recursos financiertos (negros), la extorsión, la compra de funcionarios, el secuestro exprés de ciudadanos y representates en las casillas durante la jornada electoral de 2021.
La gobernadora interina designada por la legislatura de Sinaloa para completar el período constitucional, Graciela Domínguez Nava deberá hacer frente a esa degradación que ha generado por lo menos 3,000 muertos y miles de desaparecidos en la cruenta guerra padecida por la sociedad local. La nueva mandataria local, recién en abril pasado, dijo que los ataques contra Rubén Rocha Moya buscaban afectar a su partido en la élite política.
Con Rocha Moya, su gestión ejerció un control férreo de las tres ramas del poder público local y ahora ese control está a cargo de una facción del cártel de Sinaloa.
Hay más: la Fiscalía General de Justicia también ha hecho su aportación a esa descomposición estatal.
Del Tintero.
La paz que buscan los sinaloenses no es la pax sepulcral a que ha conducido la 4T en estos años a esa entidad. El caso Sinaloa es el desafío más notable para el sistema político mexicano y la élite política a cargo del gobierno de Morena.
