México se encuentra en un proceso de declive institucional, económico y social, crisis sistémica provocada por las políticas del partido oficialista, MORENA carente de planeación, que gravemente se considera que es irreversible o «total».
El dictamen es sumamente crítico, la mayoría de los liderazgos precautoriamente no hablan de un «derrumbe total» en el sentido de un Estado fallido irrecuperable, sino de un detrimento grave, pero … con solución. La fortaleza de la sociedad civil, el dinamismo del sector privado y la integración económica con Norteamérica, la que se antoja muy endeble por un T-MEC en riesgo de ser cancelado, son cimientos que aún sostienen al país y que permitirían una reconstrucción institucional si se cumpliera la condición de que cambie el rumbo político.
Algunos de los engaños en los que se fundamenta la postura de declive son:
El riesgoso traspaso de tareas de seguridad pública y administración civil a las Fuerzas Armadas que debilitó la democracia y a los derechos humanos, en lugar de apostar por los militares. La estrategia de seguridad debería priorizar el fortalecimiento, equipamiento y profesionalización de las policías estatales y municipales.
La sistemática desaparición, debilitamiento y secuestro de los organismos autónomos como el INAI, la COFECE o el Coneval y las reformas al Poder Judicial, son atentado directo a la división de poderes, significando la presencia del autoritarismo que debilita al estado de derecho y deja a la población vulnerable ante unilaterales y arbitrarias normas.
La política de seguridad llamada «abrazos, no balazos» resultó un rotundo fracaso, careció de metas claras para pacificar el territorio nacional, no redujo los delitos de alto impacto ni desarticuló a los cárteles principales, permitiendo la expansión y consolidación del crimen organizado. Motivó a la actuación injerencista de los Estados Unidos y la sigue incentivando con negar la detención de los nueve denunciados de Sinaloa.
Las cifras de homicidios dolosos, desapariciones y la extorsión generalizada a comercios son pruebas de que la Cuarta T ha perdido el control de diversas regiones del país. Alta violencia y baja sanción refleja una crisis profunda en la capacidad del Estado mexicano para hacer valer la ley y mantener el orden público. Muestra de ello, ayer Morelos ocupó el nada honroso segundo lugar nacional en percepción de inseguridad en 2026.
Con las reformas constitucionales principalmente la judicial y las del sector energético se generó incertidumbre jurídica, frenando el potencial de inversión extranjera, ante ello el empresario ¿es miedoso, timorato o convenenciero? Entendemos que su posible no intervención a detener la mala actuación de la Cuarta T, no se debe a la cobardía, sino a la responsabilidad de proteger inversiones, empleos y la estabilidad de sus empresas.
Según el Paquete Económico 2027, México presenta incremento de la deuda pública total que supera los 20 billones de pesos, déficit fiscal proyectado de 3.9% del Producto Interno Bruto y crecimiento proyectado por Hacienda entre 1.5% y 2.5% alejado de la realidad económica de nuestro país. Es un presupuesto destinado a financiar las mega obras y programas sociales directos, los que se consideran clientelares o sea que, intercambian apoyos sociales por lealtad o votos y fiscalmente son insostenibles a largo plazo, PEMEX y CFE.
La transición fallida de administraciones de salud, el desabasto permanente de medicamentos, la incorporación del IMSS-BIENESTAR como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que no recauda cuotas obrero-patronales como el IMSS ordinario, sin ampliar la infraestructura y, aumentando la carga laboral a la plantilla de enfermeros y médicos, dependiendo solo de los recursos públicos federales, marcan un retroceso arrastrando al sistema de salud al borde del colapso.
Los resultados de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) de la OCDE confirman un estancamiento y retroceso en varias materias demostrando que la implementación de la Nueva Escuela Mexicana y las modificaciones a los libros de texto gratuitos priorizan criterios ideológicos y políticos sobre el rigor académico y el aprendizaje científico o matemático, con la consecuente pérdida de calidad educativa, la politización de los planes de estudio y el abandono de la infraestructura escolar.
Frente a la incertidumbre jurídica o la inestabilidad política, la tendencia natural es frenar la inversión. Algunos sectores empresariales han evitado confrontaciones directas con el gobierno en turno por temor a represalias fiscales, auditorías o la pérdida de concesiones y contratos públicos. El gobierno se aprovecha de esa debilidad para imponer su política económica pretendiendo el abuso de financiar obra de infraestructura federal con el recurso del empresario. Recurrente y socorrida capitalización maquillada como financiamiento que no constituye deuda pública, según el criterio de la Secretaría de Hacienda.
La presidenta Claudia Sheinbaum a pesar de tener enfrente un problema grave, ya no como señal clara de que debe prevenirse, insiste en hacer lo incorrecto y toma las cosas a la ligera al resaltar la consolidación de su proyecto y los indicadores de su administración diciendo que «vamos bien e iremos mejor», frase muy alarmante que avizora un evento catastrófico, una crisis económica, un problema grave sin salida aparente.
Todas las mentiras y engaños consumados por la Cuarta T nos recuerdan que: No se controla lo que no se planea.
