El debate público en Morelos se encendió en el terreno digital, esta vez con un protagonista que durante años había optado por mantener un perfil distante de la contingencia política local: el exgobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.
A través de un posicionamiento en la red social X, el exmandatario estatal lanzó una acusación directa y sin precedentes contra su sucesor, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y la esposa de este, la exdirectora del Sistema DIF Morelos, Natalia Rezende. Este pronunciamiento marca un hito en la dinámica política de la entidad: se trata de la primera vez que Graco Ramírez señala abiertamente y de manera frontal a la administración saliente de Blanco Bravo, abriendo un nuevo frente de confrontación en el ya complejo escenario de rendición de cuentas del estado.
La controversia no surgió de un informe oficial ni de una auditoría gubernamental, sino de la fiscalización ciudadana en las plataformas digitales. Todo comenzó como un efecto en cadena tras una denuncia en X que expuso el abandono de una flotilla de vehículos oficiales asignados al Instituto Nacional Electoral (INE) en un predio ubicado en Mérida, Yucatán.
La conversación escaló rápidamente al territorio morelense cuando un usuario de la misma red social replicó la preocupación local, señalando directamente al sexenio de Graco Ramírez:
“En Morelos cuando salió @gracoramirez dejaron varias camionetas abandonadas igual, muchas nuevas y con plásticos al interior. Eran para trasladar gente con sillas de ruedas, jamás funcionaron, pero se cobró del erario”.
Lejos de ignorar la imputación o mantener el silencio institucional que caracterizó gran parte de su postgubernatura, Graco Ramírez respondió de inmediato para deslindarse de los hechos y endosar la responsabilidad a la administración de Cuauhtémoc Blanco.
Según los reportes periodísticos y los datos difundidos a raíz de la polémica, al menos 18 vehículos destinados al programa de traslado de personas al Centro de Rehabilitación e Inclusión Social del Estado de Morelos (CRISEM), ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, fueron localizados en 2021 en un predio de la Avenida Morelos Sur, completamente abandonados y expuestos al deterioro.
“Las abandonó la administración de la esposa del Cuauhtémoc Blanco. No les pareció importante seguir el programa de apoyo al traslado de personas al Centro de Rehabilitación, en E. Zapata, también casi abandonado”, sentenció el exgobernador en su cuenta oficial.
El señalamiento de Ramírez Garrido Abreu se inserta en medio de una tormenta mediática y política que rodea al exdiputado federal y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y a su familia.
En días recientes, diversos medios de circulación nacional difundieron versiones sobre una presunta detención de Natalia Rezende en Nueva York, Estados Unidos, bajo el señalamiento de portar una fuerte suma de dinero en efectivo sin la debida declaración. Asimismo, trascendió de manera extraoficial que a Blanco Bravo le habría sido retirada la visa estadounidense momentos antes de abordar un vuelo con destino a la Unión Americana.
Si bien ninguna autoridad gubernamental o diplomática ha confirmado oficialmente estos trascendidos, y el propio Cuauhtémoc Blanco salió a desmentir categóricamente la supuesta detención de su esposa, el clima de especulación ha debilitado severamente la narrativa política del grupo que gobernó Morelos entre 2018 y 2024.
El aspecto más relevante de este episodio no radica únicamente en el destino de los vehículos para personas con discapacidad, un sector históricamente vulnerable y afectado por la falta de continuidad institucional, sino en la calidad moral y política del emisor.
El posicionamiento de Graco Ramírez contra Cuauhtémoc Blanco adquiere un tono paradójico cuando se contrasta con el legado de su propia administración (2012-2018). El paso de Ramírez por la gubernatura de Morelos estuvo marcado por fuertes cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos, protestas sociales y, sobre todo, por un amplio historial de investigaciones ministeriales.
Años después de concluir su mandato, varios de sus colaboradores más cercanos y exfuncionarios de primer nivel enfrentaron procesos penales, órdenes de aprehensión y carpetas de investigación abiertas por presuntos desvíos y enriquecimiento ilícito. Para amplios sectores de la sociedad morelense, el gobierno de Graco Ramírez dejó una deuda pendiente en materia de transparencia, lo que históricamente había restado peso político a cualquier crítica que emitiera sobre administraciones posteriores.
Sin embargo, al romper el silencio y apuntar directamente contra Cuauhtémoc Blanco, Graco Ramírez cambia las reglas del juego. Ya no se trata de un exgobernador replegado ante las acusaciones en su contra, sino de un actor político que busca capitalizar el desgaste de su sucesor.
