Luego de una acalorada polémica y de una consulta pública en que se expresaron las voces e intereses de los muy diversos sectores involucrados, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó y dio a conocer los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, regulación con la que se tutela, según la terminología oficial, esta garantía prevista en la Constitución y la Ley.
Entre los más importantes derechos que se protegen están: recibir información veraz; distinguir entre publicidad y contenido informativo; distinguir entre noticia y opinión; respetar el interés superior de la niñez y asegurar la no discriminación.
Habrá que ver si resulta funcional la aplicación de los lineamientos, que entrarán en vigor el próximo mes, aunque con ello no se zanja la discusión abierta sobre un tema complejo y de muy diversos ángulos.
Una de esas aristas, no resuelta, es el abuso que desde el siglo pasado perpetra el gobierno federal con su publicidad en los medios electrónicos, en particular la que se realiza al amparo de los llamados tiempos oficiales. Con esta figura se obliga a todas las estaciones de radio y televisión a difundir machaconamente la propaganda gubernamental, que las audiencias de estos medios sufren sin protección ni defensa.
Por estos días ese abuso se hace más notorio. En coincidencia con las fechas en que los lineamientos de protección a las audiencias se dieron a conocer, entraron al aire las pautas con motivo del segundo informe presidencial.
Toda la semana pasada, y la próxima, los radioescuchas y los televidentes son bombardeados, varias veces cada hora, las veinticuatro horas del día, con la misma voz monótona y cansina, que intenta describirnos una realidad color de rosa y un gobierno que ha hecho maravillas que las y los mexicanos debemos reconocer, admirar y agradecer.
Contra ese alud tupido e incesante, las audiencias parecen no tener resguardo, ni antes ni después de los lineamientos. En el pasado, ni siquiera se ha permitido que las emisoras de radio y televisión adviertan a su auditorio que lo que sigue es simple y llana propaganda gubernamental. E incluso en el supuesto de que en el futuro esta advertencia previa pueda hacerse, ello no aminorará el impacto indeseable de mensajes para los que no parecen aplicar las reglas y diferenciaciones aludidas al principio, que mezclan información no necesariamente real, generalmente sesgada, con juicios de valor y autocomplacencia evidente.
El tema ha sido planteado en muchas ocasiones a lo largo de años y décadas por la industria de los medios, sin que se haya resuelto. Esta vez tampoco lo será.
