Carolina Herrera, madre de Mía, una de las menores lesionadas durante la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, denunció un presunto intento para favorecer al padre de la niña en un proceso de custodia.
A través de un video difundido desde Estados Unidos, donde acompaña a su otra hija, Carla, quien recibe atención médica especializada en un hospital de Galveston, Texas, Herrera aseguró que Grupo Tomza habría ofrecido un millón de pesos a su expareja para que otorgara el perdón por los hechos y, a cambio, le habría ofrecido apoyo para obtener la custodia de Mía.
La madre también acusó a la Fiscalía de Morelos de intervenir en este proceso, aunque en su mensaje no identificó a funcionarios o áreas específicas que hubieran participado en el supuesto acuerdo.
Herrera explicó que viajó a Estados Unidos para acompañar a Carla, quien sufrió quemaduras graves en gran parte del cuerpo. Mía permaneció en Morelos bajo el cuidado de su padre.
Información corroborada por esta periodista establece que Carolina y el padre de Mía están separados y existen antecedentes de violencia familiar. Como parte de las medidas de protección dictadas en su momento, la madre contó con un botón de pánico. Tras la explosión, el padre quedó a cargo de Mía mientras Carolina se trasladó a Estados Unidos para acompañar a Carla durante su tratamiento.
De acuerdo con Carolina, desde entonces su expareja le ha impedido comunicarse con Mía y le ha advertido que no permitirá que vuelva a verla.
La madre sostuvo que Mía siempre ha vivido con ella y que familiares y vecinos pueden acreditar que ha sido la principal responsable de su cuidado. Por ello, pidió la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
También reclamó a Grupo Tomza una reparación integral por los daños provocados a su familia y afirmó que las consecuencias de la explosión no se limitan a las lesiones físicas.
En este contexto, Eduardo Núñez Morales, abogado de la familia Herrera, advirtió que cualquier acuerdo relacionado con Mía debe considerar el interés superior de la niña y contar con representación legítima.
El abogado sostuvo que, si la Fiscalía permitiera que el padre otorgara unilateralmente el perdón o aceptara un acuerdo contrario a los derechos de la menor, podrían configurarse delitos contra la procuración de justicia.
Núñez Morales aclaró que no afirma que un delito ya haya sido cometido, pero señaló que cualquier actuación de servidores públicos en este contexto podría constituir actos de corrupción y uso indebido del cargo, por lo que pidió que los hechos sean investigados y esclarecidos.
La defensa también cuestionó que hasta ahora no exista una cuantificación integral del daño sufrido por Mía, que incluya las consecuencias presentes y futuras de las lesiones provocadas por la explosión.
