El reloj legislativo en Morelos ha entrado en una cuenta regresiva crítica. Organizaciones ciudadanas han encendido las alarmas al denunciar la omisión del Congreso del Estado de Morelos para armonizar la Constitución local con las nuevas reformas federales que prohíben el nepotismo y la reelección de familiares, cuyo plazo legal para ser aplicables en los comicios de 2027 vence este 30 de mayo.
Ante la inactividad de los legisladores locales, un grupo de ciudadanos presentó el pasado 12 de mayo un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM). El objetivo es que la autoridad jurisdiccional obligue al Congreso a cumplir con su mandato constitucional antes de que el tiempo se agote.
La urgencia radica en dos pilares legales ineludibles:
- Mandato Federal: El decreto aprobado el pasado 23 de abril, que reforma el artículo 115 constitucional, dio como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para que los estados ajusten sus leyes.
- Blindaje Electoral: Según el artículo 105 de la Constitución Federal, cualquier reforma sustancial a las reglas de una elección debe estar publicada al menos 90 días antes del inicio del proceso. Dado que el proceso electoral 2026-2027 en Morelos arranca la primera semana de septiembre, mayo es el último mes para garantizar la validez de estos cambios.
El fin de la «herencia de poder»
La reforma federal busca erradicar la práctica de que familiares directos sucedan de manera inmediata a quienes ocupan presidencias municipales, sindicaturas o regidurías. Con esta modificación, se pretende combatir el nepotismo y fortalecer la equidad en la contienda.
«Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos derecho a conocer con claridad cuáles serán las reglas que regirán el proceso electoral… La certeza jurídica es un principio indispensable para garantizar elecciones transparentes», señalaron los promoventes del juicio.
Un llamado a la legalidad
De no realizarse la armonización en las próximas semanas, Morelos corre el riesgo de enfrentar el proceso electoral de 2027 bajo un vacío legal o con reglas que contravienen la Constitución Federal, lo que abriría la puerta a la incertidumbre y a posibles impugnaciones masivas.
El pronunciamiento ciudadano concluye con una exigencia directa a los diputados locales: cumplir con su obligación constitucional de manera inmediata. La sociedad morelense demanda reglas claras para votar y ser votados, antes de que el calendario electoral cierre definitivamente la puerta a la transparencia.
Casos de nepotismo electoral en Morelos
En el panorama político de Morelos, los municipios de Yautepec y Yecapixtla se han convertido en los referentes más citados sobre la concentración del poder en núcleos familiares. En Yautepec, la familia Alonso ha mantenido una hegemonía prolongada mediante la transferencia del cargo de presidencia municipal entre padres e hijos, estableciendo un esquema de sucesión que ha limitado la alternancia democrática y ha consolidado un cacicazgo moderno que la nueva reforma federal busca precisamente erradicar.
Por otro lado, el caso de Yecapixtla ejemplifica la rotación del poder entre hermanos, donde los integrantes de la familia Sánchez han intercambiado la silla municipal en diversos periodos, asegurando la continuidad de un mismo proyecto político bajo el mismo apellido. Estos ejemplos subrayan la urgencia de armonizar la Constitución local antes de que concluya mayo, pues solo así se podrá impedir que el proceso de 2027 repita estos modelos de «herencia de cargos» que vulneran la equidad y el derecho de la ciudadanía a una representación diversa y libre de nepotismo.
Jojutla y la región sur: Aunque con matices distintos, se han documentado intentos y procesos donde familiares directos (esposas o hermanos) de alcaldes salientes buscan la candidatura inmediata para dar continuidad a la gestión anterior. Casos en municipios como Amacuzac, donde la influencia familiar ha trascendido incluso a pesar de procesos judiciales, refuerzan la percepción ciudadana de que los cargos públicos se gestionan como activos familiares.
Cuautla: Históricamente, también ha presentado dinámicas donde apellidos tradicionales buscan posicionar a parientes en regidurías y sindicaturas de manera simultánea o sucesiva, asegurando cuotas de poder dentro del cabildo que facilitan el control de la cuenta pública y las designaciones administrativas.
Estos casos ilustran por qué la omisión del Congreso local es crítica: sin la armonización de la reforma al artículo 115 constitucional antes del 30 de mayo, el proceso electoral de 2027 carecerá de los candados necesarios para evitar que estas prácticas de «herencia de poder» se repitan, contraviniendo el espíritu de equidad y renovación democrática.