Hay una vieja lección de la política que suele repetirse de distintas maneras: una cosa es lo que se promete desde el poder y otra muy distinta es lo que las circunstancias obligan a hacer. Los gobiernos pueden construir su identidad a partir de discursos, símbolos y banderas ideológicas, pero tarde o temprano llega el momento en que la realidad exige decisiones que no siempre coinciden con aquello que se dijo en campaña.
Gobernar, al final, no consiste únicamente en defender principios, sino en administrar contradicciones.
Durante buena parte de la historia política mexicana, el PRI fue un maestro en esa disciplina. Se presentaba como heredero de una revolución social, hablaba de justicia, derechos laborales, educación pública y soberanía, pero al mismo tiempo mantenía una estructura de poder vertical, negociaba con los grupos económicos y sostenía una relación estratégica con Estados Unidos. Esa capacidad para combinar un discurso popular con decisiones pragmáticas fue, precisamente, una de las claves de su permanencia durante décadas.
Algo parecido comienza a observarse en la actual administración. La presidenta mantiene un discurso profundamente identificado con la izquierda, con la defensa de los programas sociales, la reivindicación del movimiento que la llevó al poder y la continuidad de buena parte de la narrativa de la Cuarta Transformación. Sin embargo, en el ejercicio cotidiano del gobierno aparecen decisiones que responden más a la necesidad de mantener estabilidad económica, atraer inversiones, garantizar confianza empresarial y enfrentar al crimen organizado que a una ortodoxia ideológica de izquierda.
La explicación quizá no esté en un súbito cambio de convicciones, sino en una realidad mucho más sencilla: gobernar obliga a corregir el rumbo. La economía no responde a los discursos, los mercados tienen sus propias reglas, la inversión exige certezas y la inseguridad no puede resolverse con consignas. Un gobierno puede aspirar a transformar la realidad, pero primero tiene que conseguir que el Estado funcione y que las condiciones mínimas para gobernar permanezcan de pie.
En materia de seguridad, la contradicción resulta todavía más evidente. El discurso político puede insistir en las causas sociales de la violencia, pero cuando el crimen organizado extiende sus redes, controla territorios y desafía abiertamente a las instituciones, el gobierno termina recurriendo a estrategias de inteligencia, coordinación operativa y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Es decir, la realidad termina imponiendo su propio lenguaje.
¿Estamos ante una contradicción o ante una evolución natural del poder? Probablemente dependerá de la mirada de cada quien. Para los sectores más ideologizados del movimiento, cualquier acercamiento con empresarios, inversionistas, organismos internacionales o agencias de seguridad puede parecer una desviación de los principios originales. Para quienes observan la política desde el pragmatismo, en cambio, puede significar simplemente que la presidenta entendió que administrar un país es mucho más complejo que continuar una narrativa política.
La verdadera prueba para la presidenta, no será demostrar que puede mantener intacto un discurso, sino explicar con claridad por qué algunas decisiones deben cambiar.
Porque la política también consiste en eso: convencer a los propios de que rectificar no siempre significa traicionar y demostrar a los adversarios que gobernar con pragmatismo no necesariamente significa abandonar las convicciones.
Quizá, después de todo, la Cuarta Transformación esté entrando en su etapa más difícil: aquella en la que el discurso ya no basta y el poder debe enfrentarse diariamente con la realidad. Y en esa batalla, más que las etiquetas de izquierda o derecha, lo que terminará definiendo al régimen será la manera en que resuelva sus propias contradicciones.
