Cuando hablamos de infantes y adolescentes, lo primero que se viene a la mente es un panorama de personas dedicadas, gran parte de su tiempo, a estudiar; hacer deporte, divertirse y básicamente a ser felices. Siendo los padres de familia los encargados de proveer las herramientas necesarias que les permitan alcanzar su pleno desarrollo. Incluso, el Estado por mandato constitucional debe garantizar que a cada niña, niño y adolescente se le respeten sus derechos fundamentales. Pero ¿Que sucede con los niños reclutados por la delincuencia organizada?
Es del conocimiento público que, en las últimas décadas nuestro país no ha podido erradicar las malas prácticas ejercidas por el crimen organizado, incluso los titulares del poder Ejecutivo han implementado programas fallidos para combatir a los grupos ilícitos, que en su mayoría son los causantes de acrecentar la violencia dentro del territorio mexicano.
Sin embargo, existe en la actualidad un problema que requiere de mayor atención, ya que, de acuerdo a las estimaciones elaboradas por la Red por los Derechos de la Infancia en México, más de 30,000 infantes y adolescentes han sido reclutados por la delincuencia organizada, con fines estrictamente delictivos.
El estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México” elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, determinó que el reclutamiento no resulta difícil debido a los múltiples factores de riesgo y desigualdades que enfrentan gran cantidad de menores en el país, como son la violencia familiar, la falta de acceso a derechos, el abandono social, la invisibilidad ante las instituciones, el fácil acceso a las drogas y la influencia cultural delictiva, la cual a través de (plataformas y aplicaciones de series o programas televisivos) la música, cine y libros hacen percibir a los ejecutores de delitos como ídolos o modelos a seguir.
México es una nación que tiene vigente la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por lo cual, velar por la integridad de los infantes es una obligación compartida, tanto para el Estado, quien debe garantizar en los menores el acceso a la dignidad humana, como de los padres y tutores, los cuales son los primeros responsables de evitar la violencia o el abandono.
Robarle la infancia a un niño, es un acto tan atroz que debe forzosamente ser castigado. Resulta increíble que, en lugar de portar un lápiz, parte de la infancia mexicana manipulé armas de fuego de alto calibre y ejecuté un sinfín de crímenes por inducción obligada de terceros, y que, además, en su comisión muchos de ellos pierdan la vida. Por ello, es necesario tipificar al reclutamiento como un nuevo delito individual y a su vez, obligar al Estado a exponer cifras reales de estas víctimas, pues solo haciendo pública la problemática, la sociedad exige resultados. Lo que es de suma importancia para la seguridad y el control de un Estado, pues recordemos
