La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 87, establece que el Presidente de la República, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta:
«Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.»
A grandes rasgos, guardar y hacer guardar la Constitución significa atenerse a sus normas. Significa ceñirse a los cauces que establece si lo que se pretende es cambiarla, sin trampas, atajos o engaños. Significa acatar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encargada de dirimir cualquier discrepancia en su interpretación. Significa, en definitiva, respetar el sistema que los mexicanos nos hemos dado para regir nuestra convivencia. Si la conducta de los de a pie (los ciudadanos comunes y corrientes) ha de encuadrarse en el marco establecido por ese sistema, con mayor motivo han de atenerse a él quienes cobran de nuestros impuestos.
Sin embargo, para el presidente López Obrador hay una realidad alterna a la que le marca, con enorme claridad, nuestra Carta Magna. En la conferencia de prensa mañanera correspondiente a este miércoles, AMLO arremetió nuevamente contra la SCJN, cuerpo colegiado que este jueves decidirá la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
De su perorata destacaron las siguientes palabras, en boca de quien, el 1 de diciembre de 2018, juró guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen:
“Los ministros de la Corte también deben considerar que la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue aprobada con sobornos a los legisladores (…) Deben considerar que está en juego (el) precio de tarifas en definición sobre la Ley de la Industria Eléctrica”.
Y vino entonces lo que motivo el análisis de hoy:
“Que no me vengan con que la ley es la ley… se va a demostrar si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales”. Su referencia a la ley la hizo dos veces, confirmando, una vez más, su talante autocrático y anhelo de absoluto dominio de los poderes Judicial (según se observa) y Legislativo. En el Ejecutivo ha quedado plenamente entendido que solo existen la voluntad y los caprichos del presidente.
Hasta aquí hay suficientes evidencias de que la protesta presidencial prevista en el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es parte de un montaje, pero muchas veces quebrantado, no solo por AMLO, sino por la gran mayoría de sus antecesores, quienes jamás cumplieron a cabalidad con esa protesta.
Los presidentes que he visto durante casi cinco décadas de ejercicio periodístico, con sus matices, se pasaron la Carta Magna por el “arco del triunfo”. Todos actuaron según sus conveniencias, para consolidar su patrimonio o los de grupos con los cuales tenían facturas políticas y financieras pendientes. Es más: cuando fue necesario, cambiaron el texto constitucional a su antojo, poniéndolo a su medida, frente al estupor de sumisos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hacia allá se dirige de nuevo AMLO, lo cual veremos cristalizado una vez transcurrido y olvidado el ejercicio de “revocación de mandato” programado para el domingo próximo.
Sin empacho puede asegurarse que ninguno de los presidentes mexicanos ha desempeñado en forma leal, patriótica, ni mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión el puesto que los ciudadanos les han conferido.
Por supuesto que López Obrador no queda excluido de esta situación, pues desde el inicio de su mandato ha dado muestras de que ignora o hace como que ignora lo que las leyes establecen y pretende hacer lo que le viene en gana; aquí los que deberían ser un contrapeso y equilibrar el posible abuso, serían los otros dos poderes de la federación: el Legislativo (diputados y senadores) y el Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación), pero en la práctica resultan ser sumisos e incondicionales del Poder Ejecutivo Federal.
Dura lex, sed lex es un principio general del derecho, proveniente del derecho romano, que puede traducirse como «la ley es dura, pero es ley». AMLO no lo ve así. Tiene otros datos.
