La presentación de la denuncia penal por parte de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) en contra del exmagistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Gamboa Olea, por un desvío y faltante de casi 10 millones de pesos en el Fondo Auxiliar del ejercicio fiscal 2022 es en realidad, la radiografía más nítida de una administración turbulenta, opaca y tejida al amparo de las más altas complicidades políticas que flagelaron a Morelos durante el sexenio pasado.
Durante su gestión al frente del Poder Judicial, Gamboa Olea no solo relajó los candados de control interno y depuración contable que en su momento blindaron este fondo extra presupuestal, nutrido de multas, cauciones y rendimientos jurisdiccionales. Convirtió la presidencia del tribunal en una trinchera de blindaje político y en un botín de discrecionalidad. Las erogaciones sin suficiencia presupuestal y la falta de comprobación en la materialidad de las compras y servicios reveladas por Blas Cuevas son los vestigios financieros de una época donde la ley se interpretaba a conveniencia del grupo en el poder.
Lo que hoy emerge en los expedientes de la Fiscalía Anticorrupción no se entiende sin mirar el tablero de las complicidades políticas. La administración turbulenta de Gamboa Olea floreció bajo la protección y el pacto de impunidad tejido con el entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y su operador político y familiar, Ulises Bravo Molina; en ese entonces también contó con el respaldo de los otrora poderosos Juan Salazar Núñez y Edgar Rodofo Núñez Urquiza, como brazo ejecutor desde la Fiscalía Anticorrupción de asuntos enfocados contra los enemigos de los encumbrados del sexenio.
Bajo esta sombrilla protectora, el Poder Judicial operó como un apéndice de los intereses del Ejecutivo estatal, donde la autonomía de los poderes se diluyó a cambio de favores políticos, parálisis legislativas pactadas y maniobras para perpetuar cúpulas afines.
Las múltiples disputas por el control del TSJ, las impugnaciones cruzadas y los intentos desesperados de Gamboa Olea por blindar su permanencia y evitar la renovación democrática de la presidencia fueron los síntomas de un sistema que agonizaba entre la ingobernabilidad, los escándalos de alcoba y el despilfarro.
La iniciativa de reforma constitucional enviada por la actual administración estatal y aprobada por el Congreso local representó un freno necesario para reordenar los periodos de mandato y sacudir las estructuras de simulación que se adueñaron de la impartición de justicia. Hoy, el hecho de que Gamboa Olea mantenga su fuero y permanezca en activo como magistrado dentro del propio TSJ, a pesar de enfrentar señalamientos fiscales y penales por casi 10 millones de pesos, constituye una afrenta directa a la dignidad de los morelenses y a las barras de abogados que exigieron durante años un cese a la impunidad.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene en sus manos una prueba de fuego histórica. No se trata únicamente de exigir la devolución de los recursos públicos sustraídos al Fondo Auxiliar, sino de demostrar que en Morelos la época de los pactos en lo oscuros, de las complicidades transexenales entre Cuauhtémoc Blanco, Ulises Bravo y sus operadores judiciales, y de la protección a los intocables ha llegado verdaderamente a su fin. La sociedad morelense no tolerará carpetazos ni simulaciones: el descrédito del Poder Judicial exige justicia plena y castigo ejemplar.
