La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) turnó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra del exmagistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, Jorge Gamboa Olea, tras detectarse un presunto desvío y faltante por 9 millones 949 mil pesos correspondientes a la cuenta pública del Fondo Auxiliar del ejercicio fiscal 2022.
En entrevista, el titular de la ESAF, Blas Cuevas, detalló que la auditoría especial al Fondo Auxiliar del TSJ —solicitada por el Congreso del Estado hace un año para abarcar los periodos 2022, 2023 y 2024— concluyó por completo su proceso ordinario de revisión en lo que respecta al año 2022.
«La del 2022 fue la que ya concluyó su proceso completamente de auditoría y se turnó al área jurídica las observaciones que no fueron solventadas durante los dos procesos ordinarios. En cifras redondas, las observaciones que no pudo solventar fueron de 9 millones 949 mil pesos», precisó el auditor superior.
Cuevas explicó que las irregularidades detectadas corresponden principalmente a gastos que carecían de suficiencia presupuestal y erogaciones que no contaban con la documentación necesaria para acreditar la materialidad de las compras y servicios, es decir, registros contables que no comprobaron la existencia real de los bienes adquiridos durante la gestión de Gamboa Olea al frente del Poder Judicial.
El titular de la ESAF indicó que, aunque el exmagistrado logró solventar una parte importante de las observaciones iniciales durante las dos etapas que marca la Ley de Fiscalización, el monto remanente de casi 10 millones de pesos quedó firme.
Con la entrega del expediente integrado por el área jurídica, corresponderá ahora a la Fiscalía Anticorrupción dar seguimiento a la investigación penal, determinar las sanciones correspondientes e iniciar los procesos legales para exigir la devolución de los recursos públicos o permitir que el exfuncionario ejerza su defensa jurídica.
El Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos se conforma por recursos financieros distintos a la partida presupuestal anual que el Congreso asigna al Poder Judicial, nutriéndose principalmente de productos financieros, cauciones, multas, depósitos y los rendimientos generados por las actividades jurisdiccionales, los cuales históricamente han operado bajo esquemas de discrecionalidad.
Durante los periodos en los que la magistrada Nadia Luz María Lara Chávez encabezó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, la administración de este fondo quedó blindada bajo estrictos acuerdos administrativos y normativos de control interno y depuración contable.
Estas medidas se diseñaron precisamente para contener la opacidad endémica en el manejo de dichos recursos extra presupuestales; sin embargo, con el paso de los años y bajo sucesivas administraciones, como la de Jorge Gamboa Olea, los candados institucionales se debilitaron progresivamente, dando pie al uso discrecional y a la falta de comprobación de la materialidad de los gastos que hoy investigan las instancias anticorrupción.
Antecedentes: La disputa por el control del TSJ y la reforma constitucional
La denuncia penal de la ESAF contra Jorge Gamboa Olea se da en el contexto de un prolongado conflicto político e institucional al interior del Poder Judicial de Morelos, marcado por una serie de maniobras orientadas a prolongar su permanencia y control en la presidencia del tribunal.
Tras asumir la presidencia del TSJ, Gamboa Olea enfrentó un creciente descontento entre magistrados opositores y diversos sectores jurídicos y sociales que denunciaron excesos administrativos, opacidad en el manejo presupuestal, como evidencian ahora las auditorías al Fondo Auxiliar, y diversas maniobras internas para blindar su permanencia en el cargo y evitar la renovación de la presidencia.
La pugna por la titularidad del Poder Judicial derivó en parálisis legislativas, disputas por la legalidad de las sesiones del pleno del TSJ y una serie de impugnaciones cruzadas que polarizaron el entorno político del estado.
Ante la ingobernabilidad y los intentos por perpetuar las estructuras de mando en el TSJ, la gobernadora del estado envió una iniciativa de reforma constitucional orientada a reordenar los periodos de mandato, garantizar la renovación democrática de la presidencia del tribunal y establecer controles estrictos de fiscalización y rendición de cuentas en los órganos de impartición de justicia.
Dicha iniciativa fue discutida y aprobada por la actual Legislatura del Congreso del Estado, bloqueando los intentos de prolongación de mandato y abriendo la puerta para una limpia institucional que hoy se refleja en las auditorías de la ESAF y el deslinde de responsabilidades penales en los tribunales anticorrupción.
Pese a haber concluido su periodo al frente de la presidencia y enfrentar señalamientos fiscales y penales, Jorge Gamboa Olea permanece en activo como magistrado dentro del Poder Judicial del Estado de Morelos, situación que mantiene la atención de barras de abogados, colectivos ciudadanos y actores políticos sobre el desarrollo de las investigaciones ministeriales.
