Hay cifras que no deben pasar inadvertidas. Datos que van más allá de una estadística y que nos obligan a detenernos, mirar nuestra realidad y preguntarnos qué está ocurriendo dentro de nuestra sociedad. Una de esas cifras es la siguiente: casi nueve de cada 100 hogares en México reportaron algún tipo de violencia en el entorno familiar durante el periodo comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 8.6 por ciento de los hogares de 91 áreas urbanas del país reportó situaciones de violencia familiar. La estimación se obtuvo a partir de una encuesta aplicada en 27 mil 300 viviendas, cuyos resultados se dieron a conocer el pasado 23 de octubre.
Detrás de ese porcentaje hay una realidad que merece toda nuestra atención. Porque cuando hablamos de violencia familiar, no hablamos únicamente de golpes, gritos o discusiones que terminan por salirse de control. Hablamos de hogares donde la convivencia puede convertirse en miedo; de personas que viven bajo amenazas, humillaciones o agresiones; de niñas y niños que crecen en ambientes que deberían ofrecerles protección, pero que, en cambio, pueden dejarles heridas difíciles de superar.
Y aquí aparece una de las mayores contradicciones de nuestra sociedad: el hogar, que debería ser el primer espacio de seguridad, confianza y afecto, puede convertirse también en un lugar de sufrimiento.
Durante mucho tiempo, la violencia familiar se ha tratado como un asunto privado. Como un problema que debe resolverse detrás de las puertas de una casa, sin que nadie intervenga, sin que los vecinos pregunten y sin que las autoridades se enteren. Bajo esa idea, muchas víctimas han tenido que guardar silencio, soportar agresiones y enfrentar solas situaciones que nunca debieron normalizarse.
Pero la violencia no deja de ser un problema público por ocurrir dentro de una vivienda. Tampoco desaparece porque quienes la padecen decidan callar. Por el contrario, el silencio puede prolongar el sufrimiento y permitir que las agresiones se repitan.
Por eso, esta cifra debe servir como una llamada de atención. No significa que todos los hogares mexicanos vivan bajo estas condiciones, ni permite conocer por sí sola la totalidad de los casos existentes. Sin embargo, sí muestra que la violencia familiar tiene una presencia que exige prevención, atención y respuestas concretas.
La violencia no comienza necesariamente con una agresión física. En ocasiones, empieza con el control, con la descalificación constante, con los insultos, con las amenazas o con la idea de que una persona tiene derecho a decidir sobre la vida de otra. Puede manifestarse en el aislamiento, en la intimidación y en el intento de reducir la libertad de quien se encuentra en una posición vulnerable.
Uno de los datos más preocupantes de la encuesta es que el 25.5 por ciento de los hogares que reportaron violencia señaló que había menores de edad entre las víctimas.
Este dato nos coloca frente a una responsabilidad todavía mayor. La infancia debería ser una etapa de aprendizaje, desarrollo y descubrimiento, no una experiencia marcada por el miedo o la incertidumbre.
Una niña o un niño que vive en un entorno violento puede sufrir consecuencias que van más allá de las lesiones físicas. Puede experimentar angustia, inseguridad, dificultades para relacionarse con otras personas y problemas para construir relaciones basadas en el respeto y la confianza.
Proteger a la infancia no consiste solamente en garantizarle alimentación, educación y servicios de salud. También significa asegurar que pueda crecer en un ambiente libre de violencia, donde se respete su dignidad y donde sus necesidades emocionales sean tomadas en cuenta.
Frente a este panorama, la pregunta es inevitable: ¿qué estamos haciendo como sociedad para prevenir la violencia dentro de las familias?
La respuesta no puede limitarse a condenar los hechos cuando se vuelven noticia. Es necesario construir mecanismos de prevención que permitan identificar las agresiones antes de que escalen, facilitar que las víctimas pidan ayuda sin temor y garantizar que las denuncias reciban atención adecuada.
Las autoridades tienen una responsabilidad ineludible. Las instituciones encargadas de la seguridad, la procuración de justicia y la atención social deben contar con personal capacitado, protocolos claros y mecanismos accesibles para proteger a las víctimas. También es indispensable que los servicios de atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento estén al alcance de quienes los necesitan.
Sin embargo, la responsabilidad no corresponde exclusivamente al gobierno. Las familias, las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades también pueden contribuir a modificar las conductas que toleran o reproducen la violencia.
Los datos del Inegi nos dejan una reflexión que no podemos ignorar: la violencia familiar no es un asunto que deba esconderse detrás de las puertas, sino una realidad que debemos reconocer para poder transformarla.
Al final, la verdadera medida de una sociedad no está solamente en sus cifras de crecimiento, en sus obras públicas o en sus indicadores de seguridad. También está en la manera en que protege a quienes tienen menos posibilidades de defenderse y en la capacidad de garantizar que cada persona pueda vivir sin miedo.
Porque un hogar debería ser sinónimo de refugio, no de amenaza. De confianza, no de angustia. De respeto, no de sometimiento.
Y mientras existan familias en las que la violencia forme parte de la vida cotidiana, seguirá pendiente una tarea esencial: lograr que la seguridad, la dignidad y la tranquilidad comiencen precisamente donde deberían estar más garantizadas, en casa.
