Cuautla igual o peor que Cuernavaca sufre del no aumento salarial no solo en sus policías sino con todos los trabajadores, activos y jubilados. La crisis salarial y de prestaciones en los ayuntamientos de Morelos ha escalado críticamente, detonando un colapso operativo e institucionales derivado de deudas históricas por laudos, restricciones presupuestales y una profunda disparidad laboral.
La falta de homologación de sueldos ha desatado una ola de protestas y paros laborales por parte de los policías municipales. Elementos de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Xochitepec, Totolapan y Temixco han suspendido actividades de forma parcial o total para exigir que sus ingresos mínimos netos se homologuen a 17,701.95 pesos mensuales, tal como dicta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
En el caso de Cuautla la situación es más crítica, el municipio arrastra un rezago histórico en muchas responsabilidades evadidas por corruptos alcaldes. Al igual que Cuernavaca, Cuautla padece desde hace 11 años rezago en la regularización en las percepciones de su base trabajadora la que señala haber pasado ese tiempo sin los aumentos salariales respectivos y el manejo doloso de no pago de quincenas y aguinaldos en alguna de sus administraciones.
Dicen haber incrementado el salario para los policías, elevando sus percepciones netas mensuales de poco más de 10,000 pesos a 15,000 pesos mensuales que representa un incremento de 50%, suponiendo que este salario se hubiese aumentado seguiría por debajo de la media nacional y de los 17,700 y, un ajuste salarial del 25% para el sector de jubilados y pensionados, quienes acumulaban los mismos 11 años en el abandono institucional sin recibir actualización alguna en sus percepciones, así como el pago de los emolumentos no realizado.
Por qué decimos que son meras suposiciones. A principios de febrero de este año, en un video, el entonces tesorero municipal Jonathan Salinas, aseguró ante medios de comunicación que los aumentos salariales ya habían sido implementados. En aquel anuncio, se detalló un incremento del 50% para los efectivos policiales y un 27% para el resto del personal activo y jubilado. Sin embargo, a la fecha, los trabajadores reportan que dichas cifras no se han visto reflejadas en sus percepciones económicas.
Pese a los compromisos públicos asumidos por la administración municipal, el gobierno encabezado por Salvador Molina Martínez continúa sin aplicar los ajustes salariales prometidos a la plantilla laboral, acumulando ya 22 meses de rezago en el cumplimiento de este derecho para el personal activo y jubilado.
Cabe señalar que retener un pago devengado, acordado o etiquetado legalmente constituye una irregularidad administrativa y financiera para las autoridades locales ya que vulnera los derechos laborales y quebranta directrices del ejercicio presupuestal. Si la decisión de suspender el aumento proviene de un mando local sin una justificación de fuerza mayor, la autoridad incurre en un ejercicio indebido de sus atribuciones.
Respecto a los incrementos no realizados a Jubilados y pensionados, los ayuntamientos y sus funcionarios incurren en faltas administrativas graves y violaciones de carácter laboral que pueden derivar en responsabilidades penales subsecuentes al no acatar mandatos del Congreso local. Versa el jubilatorio Decreto del Congreso Estatal: “Lapensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado”.
¿Por qué los trabajadores activos y jubilados de los municipios de Morelos no actúan judicialmente para la normalización de sus derechos salariales? Porque priva sobre ellos la amenaza de que de proceder en contra del municipio de inmediato se suspende el pago corriente al período correspondiente.
Los trabajadores jubilados por el Congreso del Estado han acudido en busca de su protección pretendiendo que hagan valer el Mandato que la autoridad municipal ha recibido mediante el Decreto de cada jubilado. No han sido acogidos por los legisladores ya que la mayoría pretende como siguiente posición ocupar la presidencia de cualquier municipalidad y piensan estúpidamente que eso les restaría de los recursos, los que desde un principio están etiquetados y no son parte integral del presupuesto de egresos del municipio son propiedad de los pensionados y jubilados.
Legalmente los trabajadores de los municipios en Morelos tienen derecho a un régimen de jubilación y pensiones. Este derecho está garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 123, Apartado B, Fracción XI y el Artículo 115, Fracción VIII que estipula que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por Ley del Servicio Civil del Estado, reglamentos municipales o convenios institucionales.
Amigos, la semana tiene siete días y ¡gracias a Dios es viernes!
