Luego de la presentación del informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas ante la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el caso de México, la semana pasada, lo más lamentable no ha sido su dictamen, de que en nuestro país vivimos una crisis en esa materia que no sólo no se ha resuelto, sino que se ha agravado; lo más atroz es la respuesta del gobierno mexicano, de rechazo, calificando la decisión del organismo como tendenciosa, parcial y sesgada, y acusando incluso que hay un supuesto conflicto de interés.
No sirvió la prudente aclaración previa del presidente del comité internacional, el doctor Juan Pablo Albán Alencastro, de que el procedimiento iniciado “no es una declaración de responsabilidad internacional contra el Estado parte concernido” y tampoco “sustituye a las autoridades nacionales ni impone sanciones”. Más bien, dijo el funcionario de la ONU, “abre una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas”.
Ni el informe en la ONU ni el rechazo del gobierno mexicano constituyen sorpresa alguna. Como se recordará, hace más de seis meses que el comité internacional comunicó a las autoridades de nuestro país que por primera vez en la historia daría inicio al procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la asamblea general hace dos décadas, que México ratificó, y por lo tanto se integró a la misma, en 2008.
La decisión del comité fue tomada, según su comunicación primaria, luego de concluir que existen “indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo en México, es decir, como crimen de lesa humanidad”.
A esta conclusión llegó el organismo al analizar las evidencias presentadas por instituciones y colectivos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, y después de recibir la respuesta oficial solicitada al gobierno mexicano. En sus observaciones señala que “las autoridades responsables siguen sobrepasadas por la magnitud del crimen, y siguen siendo necesarios cambios estructurales para abordarlo y prevenirlo de manera eficaz y eficiente”.
Luego del informe, esta historia apenas empieza. Este lunes el doctor Albán Alencastro encabezará en la ciudad de México, con la participación de organizaciones y familias de personas desaparecidas, una conferencia de prensa en la que se conocerán las acciones y repercusiones del hasta ahora inédito procedimiento.
La urgencia salta a la vista. En México se han acumulado más de 135 mil desapariciones, y el fenómeno sigue ocurriendo día con día; es más, en los recientes años se ha incrementado.
Es tiempo de que el gobierno abandone su postura de negación y rechazo, y advierta en la cooperación internacional una oportunidad para afrontar exitosamente el grave desafío, otorgar justicia y devolver la tranquilidad a familias y comunidades. ¿Es mucho pedir?
