La determinación de Daniel Ortega por cancelar las elecciones en Nicaragua desenmascara al régimen político de ese país, puesto que elimina así la posibilidad de relevar al gobierno que él preside a través de la libre expresión popular. Con ello queda consignada su tipología de gobierno en el rasero de un autoritarismo de corte dictatorial y totalitario.
Es totalitario pues con esa medida busca imponer una ideología que cancela y combate a cualquier otra que difiera de lo que se establece como verdad única a través del Estado que ha instaurado, de modo que quienes se oponen están descalificados por representar posiciones inadmisibles y que no deben ser toleradas porque representan a las derechas, a las corrientes conservadoras o de filiación contrarrevolucionaria.
Conforme a ello la dictadura establece un dictado de comportamiento individualque debe ser replicado por la colectividad, sin apelación alguna; no cabe pretender matices ante el dogma establecido y toda vez que es así, resultan inútiles y hasta atentatorias posturas que buscan diferir o disentir de las que se fijan formalmente. Obvio resulta entonces, lo contradictorio que es pretender incorporar o aceptar el debate entre posturas distintas, la deliberación para examinar propuestas, o el valor del disenso; por ende, lo fatuo que entonces es la existencia de la pluralidad política y la más leve posibilidad de remover al partido en el poder por la vía electiva, puesto que las definiciones que debe adoptar el Estado y que corresponde instrumentar al gobierno no están a debate, y sobre ellas no cabe ninguna discusión interpretativa respecto de la línea oficial marcada.
Si se dispone de una ideología inexpugnable que resuelve la explicación del pasado y determina la visión del futuro, que en suma totaliza las repuestas, ¿para qué entonces abrir la puerta a otras opciones y corrientes ideológicas o del pensamiento? En ese contexto no existen las alternativas, por ende, se trata de conjurar las alternancias.
A pesar de lo anterior, el orteguismo en su etapa más reciente marcó una postura supuestamente republicana donde se practicaron elecciones regulares que sirvieron como una especie de ficción democrática encaminada a legitimar a su régimen político. Es de suponerse que la reciente postura de cancelar sus procesos electivos proviene del temor de que por esa rendija pudiera filtrarse la inconformidad hacia el gobierno en un contexto en el cual los gobiernos de extrema izquierda y de corte autoritario propenden a sucumbir en el marco de una tendencia continental que les resulta adversa y que cuenta con el impulso norteamericano.
En esa óptica, cancelar las elecciones significa cancelar también la eventualidad de que el gobierno nicaragüense cambie de manos por la vía pacífica y democrática, representa así la pretensión de perpetuar al orteguismo, aunque, como bien se sabe, esas supuestas soluciones de fuerza acaban siendo más frágiles de lo que, por el contrario, cabría esperarse.
La ruta de México es distinta pero paralela a la de Nicaragua dado que aquí no se cancelan las elecciones, aunque sí se pavimenta la ruta que puede llevar a su anulación por una causa tan imprecisa o retórica como lo es la injerencia externa -entiéndase de otro país-.
Cierto, en una etapa política marcada por la globalización, el debate intenso, la estreches en la dinámica de la relación entre países, el flujo continuo de información entre las regiones, así como grandes vínculos comerciales, académicos, de investigación periodística, magnas pautas migratorias y de un régimen en el cual México reconoce la doble y múltiple nacionalidad que hace compatible detentar la mexicana con la de otros países; además y por si fuera poco, dentro de un contexto que exhibe reiterados pronunciamientos conforme a las imprescindibles relaciones diplomáticas, económicas, ambientales y del más diverso tipo, en donde los gobiernos intercambian opiniones, muchas veces críticas, ¿cómo calificar cuando existe la injerencia de un gobierno externo?
Desde esa circunstancia, el que en México se plantee como causa de nulidad de las elecciones la injerencia extranjera, significa introducir una causalidad abstracta -puesto que no ha sido reglamentada-, conforme a la determinación tomada por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados en el último periodo de sesiones de esta legislatura. Se trata, a todas luces, de una medida discrecional que pone en manos del oficialismo un recurso para evadir una eventual derrota, a través de una promoción dogmática e ideológica para dejar sin efecto elecciones cuyos resultados les sean adversos.
En el caso de no ser favorecidos, el oficialismo, podrá promover un recurso de nulidad de las elecciones como medida para conjurar la pluralidad política y la alternancia en el poder a través de un discurso falsamente soberanista, puesto que sería un instrumento para bloquear la expresión de la voluntad popular que se manifiesta a través, precisamente, de las elecciones. Por consecuencia, una acción brutalmente antisoberanista.
Desde luego, el tracto con el que se gobierna nuestro régimen político a través del dominio que detenta el oficialismo, asegura que un recurso interpuesto por el mismo para anular las elecciones tendría todas las posibilidades de ser resuelto a favor de sus intereses. Mientras Nicaragua tomó el camino franco de cancelar las elecciones y evitar así ser depuesto por la vía democrática del poder, México asumió a través del partido en el gobierno y de los aliados al mismo un camino distinto, pero paralelo; pues consiste en hacer lo mismo que los nicaragüenses, empero a través de un ramal que camina en igual dirección, pero que se asume todavía en un pretendido postulado democrático –que es cada vez más difícil de sostener-.
Nicaragua ya se despojó de su careta democrática; México pretende mantener esa faz como mera ficción. Nicaragua se califica ya como un régimen autoritario, mientras a nosotros se nos ubica en las clasificaciones internacionales como un régimen híbrido, pero los rasgos autoritarios que están ya inmersos en nuestro sistema político son innegables e inconfundibles.
Ambos países cancelan las elecciones; Nicaragua lo realiza de manera directa y abierta, México lo hace a través de un sendero que camina por una ruta menos frontal, de inicio, pero que vislumbra, de ser necesario, su llegada al mismo puerto de destino.
