La libertad constituye uno de los pilares fundamentales de todo Estado democrático y puede manifestarse de diferentes maneras, una de ellas es el libre tránsito, entendido como la facultad de toda persona para desplazarse libremente dentro del territorio nacional. Este derecho no solo garantiza la movilidad física de los ciudadanos, sino también permite el ejercicio de la libertad de reunión y de manifestación.
En México, el derecho al libre tránsito se encuentra garantizado en el artículo 11 de la Constitución Política Federal, el cual dispone que “toda persona tiene derecho a entrar y salir de la República, viajar por su territorio y mudarse de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos”.
Sin embargo, resulta preocupante observar las medidas de control implementadas recientemente en distintos espacios públicos del país, tales como el Zócalo de la Ciudad de México, el cual ha sido objeto de cercos, vallas y dispositivos de seguridad que han limitado el acceso de los ciudadanos, y aunque las autoridades justifican estas medidas en razones de seguridad y organización, no puede perderse de vista que las plazas públicas pertenecen a la población y constituyen escenarios para el ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestarse en todo momento.
Lo anterior, también, se le suman los operativos implementados en distintos puntos de acceso a la capital del país, un hecho conocido es que se han instaurado revisiones y controles sobre autobuses que transportan manifestantes, situación que ha generado cuestionamientos sobre la posible afectación al derecho al libre tránsito. Y es que cuando el desplazamiento de personas se encuentra sujeto a filtros extraordinarios o a mecanismos de contención por parte de la fuerza pública, resulta oportuno preguntarse si las citadas medidas son realmente necesarias y proporcionales.
Estas acciones reflejan una preocupante tendencia a privilegiar objetivos políticos, incluso de imagen gubernamental por encima de la protección de los derechos fundamentales. La proximidad de eventos internacionales de gran relevancia, como la Copa Mundial de Futbol, ha motivado a la ciudadanía a cuestionar si la prioridad de las autoridades consiste en simular que existe el libre ejercicio de los derechos de manifestación y tránsito o en proyectar una imagen de orden y estabilidad ante la comunidad internacional.
Pues bien, si toda autoridad tiene la obligación de preservar el orden público y la seguridad, ninguna razón de conveniencia política o de organización de eventos internacionales debería justificar restricciones desproporcionadas al ejercicio de libertades constitucionales. En fin, el derecho al libre tránsito representa una garantía indispensable frente al poder del Estado, por ello no debemos olvidar que una democracia se fortalece cuando los derechos fundamentales son colocados por encima de cualquier interés político, administrativo o de imagen gubernamental.
