La iniciativa de una nueva reforma constitucional actualmente en proceso en el Legislativo, pretende aplazar la segunda elección de jueces y magistrados del Poder Judicial, hacer más rigurosa la evaluación profesional de los aspirantes, y reducir y simplificar las papeletas con las que se ejerce el voto.
La propuesta no surge de la nada, se plantea para modificar lo aprobado al inicio de la actual Legislatura, hace menos de dos años, la reforma que en los hechos significó la suplantación de la Suprema Corte y una parte de los jueces y magistrados, y su sustitución por el mazacote en que se han convertido los órganos impartidores de justicia.
El desastre es tan evidente que para evitar su repetición ahora se intenta corregir lo que a su tiempo se advirtió por los expertos, dar tiempo y cambiar las condiciones para intentar aminorar los daños y, sobre todo, no contaminar la elección federal de 2027.
Con esta iniciativa, se habrán acumulado tres reformas constitucionales sobre el Poder Judicial en el breve lapso de un lustro escaso.
Como podrá recordarse, en 2021 se aprobó y puso en vigor la que en su momento fue calificada por el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, como la más importante en casi 30 años. Esa reforma, por cierto, le regaló a Zaldívar la ampliación de su presidencia por dos años más, obsequio que no pudo disfrutar ante la crítica y oposición de muchos de sus colegas, y de abogados y especialistas en el medio.
Luego vino la muy célebre decisión de la siguiente presidenta de la Corte, Norma Piña, quien optó por no ponerse de pie al arribo del mandatario Andrés Manuel López Obrador en una ceremonia del aniversario de la Constitución. El desplante le valió el odio y la venganza presidencial, que en el interregno de un sexenio a otro logró destruir a la Corte y poner una afín a la 4T, como ya vimos.
Así pues, la propuesta que en esta semana se votará en el Congreso en un periodo extraordinario ya convocado, es la corrección de la reforma de 2024, cuyo proceso inicial aún no se completa pero ya está en vías de cambiarse, y que a su vez sucedió a la reforma de 2021. El lector disculpará el galimatías, que simplemente describe lo ocurrido. Vemos transcurrir la historia interminable.
El Poder Judicial está ahora mucho más rezagado en garantizar lo que se prometió hace cinco años: que todos los derechos para todas las personas sean una realidad. La actividad jurisdiccional ha quedado en manos de militantes leales a su movimiento político, elegidos mediante acordeones y muchos ignorantes de las premisas básicas del Derecho y la justicia.
Como en otros ámbitos de la vida nacional, el daño está hecho y no se ve que, en el fondo, nada vaya a remediarse.
