En la vida diaria, hay cosas que solemos pensar que permanecerán con nosotrossiempre, hasta que un día hacen falta y una de ellas pasa inadvertida ya que es vivir con dignidad. Pero no se trata de vivir con lujos, ni aspiraciones extraordinarias, sino de cosas más simples para la existencia como son: alimentos, tener un techo donde vivir, acceso a la salud, vestimenta y seguridad. Y es que cuando estas condiciones no se encuentran garantizadas, el discurso sobre el respeto a los derechos humanos no pasa de ser simple retórica; pues no sirve de nada hablar sobre derechos y libertades, si no existen las condiciones mínimas para ejercerlas.
Ante este escenario, cobra relevancia una figura jurídica que se ha ido fortaleciendo a través de los años, y es el denominado “mínimo vital”, el cual se define como el conjunto de condiciones básicas que el Estado debe garantizar a toda persona, para que pueda vivir con dignidad. Ello no constituye un beneficio opcional, sino una exigencia derivada directamente de la dignidad humana.
Este derecho se encuentra consagrado en la Constitución Política Federal, en diversos artículos como el 3º, 4º, 6º, y por supuesto uno de los más importantes el numeral 1º, el cual reconoce la dignidad humana y, obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Asimismo, el máximo Tribunal del país ha sostenido que este derecho implica garantizar las condiciones materiales indispensables para una vida digna.
En el marco internacional, el derecho al mínimo vital se encuentra protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual en su artículo 25 dispone que toda persona, así como a su familia tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
A lo anterior se le suma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, particularmente en su artículo 11, donde los Estados incluido México, reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia.
Sin embargo, no es suficiente reconocer el mínimo vital en esquemas nacionales e internacionales, sino que resulta necesario que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar este derecho, especialmente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad.
En conclusión, el derecho al mínimo vital no representa una figura aislada, ni una idea abstracta, ya que su importancia radica en el derecho que tienen todas las personas a vivir con dignidad. Por ello es importante recordar que una sociedad no se mide por el número de leyes que tiene, sino por su capacidad para poder garantizar sus derechos; pues es ahí donde el mínimo vital deja de ser un simple concepto y se transforma en un compromiso real con la dignidad humana.
