A propósito de la reciente noticia, y hay que ser responsables con el comentario de la posible comisión de un delito sexual agravado en contra de un menor de edad a manos de un presidente municipal en el Estado de Morelos, es que traemos al arbitrio de la opinión pública, un tema controvertido, difícil de abordar, pero creo que la realidad histórica que vive en México, necesario de llevar con responsabilidad al más alto debate institucional, social y de percepción ciudadana y me refiero a la posibilidad de la reinstauración de la pena de muerte en México.
La pena de muerte ha sido un tema recurrente en el debate jurídico y social en México, especialmente cuando se habla de delitos de alto impacto como el secuestro, el homicidio doloso, el feminicidio o la violación en menores de edad principalmente. Aunque actualmente está prohibida por la Constitución de nuestro país y por diversos tratados internacionales firmados, su posible reimplantación suele resurgir en momentos de crisis de seguridad, impulsada principalmente por el hartazgo social ante el incremente desmedido de la violencia y la impunidad.
Desde una perspectiva jurídica, reinstaurar la pena de muerte implicaría una ruptura significativa con el marco de los derechos humanos que México ha adoptado, aunque la percepción sea que estos, convienen más al delincuente o a la autoridad omisa que al ciudadano. El sistema legal mexicano reconoce el derecho a la vida como un principio fundamental, y la aplicación de la pena capital contravendría compromisos internacionales. Además, el sistema de justicia penal en México enfrenta problemas estructurales como corrupción, falta de capacitación, y deficiencias en la investigación criminal. En este contexto, el riesgo de condenar a personas inocentes se vuelve una preocupación real y grave, pero por otro lado el contexto social y la realidad que hoy vivimos es por demás suficiente para abrir el debate sobre la posibilidad de su planteamiento en el debate legislativo.
En el tema social, la pena de muerte suele percibirse como una medida ejemplar para disuadir el crimen. Sin embargo, diversos estudios internacionales a lo largo de la historia, han mostrado que no existe evidencia comprobada que concluya que, esta reduzca significativamente la incidencia delictiva. En cambio, podría fomentar una cultura de violencia institucionalizada, donde el Estado responde al crimen con más violencia, en lugar de fortalecer estrategias de prevención, educación y reinserción social.
Si bien es cierto que su implementación podría generar una falsa sensación de justicia para las víctimas y sus familias, sin atender las causas profundas de la criminalidad, como la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. También es cierto, que existe el riesgo de que se utilice de manera selectiva o discriminatoria, afectando principalmente a sectores vulnerables. Por eso y con toda la responsabilidad de mi comentario, es que soy un convencido que el tema debe llevarse de manera objetiva al debate serio y de altura buscando la mejor opción para dotar de certeza y tranquilidad a la población y sus familiares.
Aunque la pena de muerte puede parecer una solución inmediata frente a delitos de alto impacto, sus implicaciones legales, éticas y sociales son profundamente problemáticas. Más que recurrir a medidas punitivas extremas, el Estado mexicano enfrenta el reto de fortalecer su sistema de justicia, combatir la impunidad y construir condiciones sociales que prevengan el delito desde su origen, dando resultados tangibles a la crisis de inseguridad que se vive en México.
Pero si preguntamos a 10 padres que sufren en carne propia, la violación de su hija o hijo menor de edad, o el secuestro de un ser querido y su muerte.
Cuantos de esas familias dolidas aceptarían que a su agresor, se le quitara la vida, aseguro que más del 80% dirían que si.
En México jamás habríamos pensado en vivir una reforma estructural al poder judicial como se dio, por que no abrir la posibilidad de este debate involucrando a todos los sectores de la población, abogados penalistas, asociaciones de madres buscadoras, jueces, estudiosos del crimen en fin a la sociedad en su conjunto.
Claros estamos, en que la opinión mayoritaria en el tema ha sido históricamente un no rotundo en la posibilidad de instaurar o reinstaurar la pena de muerte en México . Pero por otro lado, cuando el tema es castigar delitos de alto impacto como la violación en menores de edad, casi siempre la respuesta es sí y desde luego, no somos quienes para juzgar sobre la vida de otra persona, pero también tenemos que ser serios en encontrar un equilibrio respecto de la implementación o no de la pena de muerte en México en contra de delitos específicos como lo hemos comentado, por que es claro que las políticas públicas encaminadas a la prevención del delito, por lo menos hoy en la realidad histórica que vive Mexico no funcionan.
Ojalá algún día la vida camaral en el poder legislativo del país se vuelva seria, de altura y encontremos legisladores comprometidos con la sociedad en su conjunto, y nos doten de leyes modernas, eficaces y eficientes que beneficien a la vida en sociedad más allá de la hipocresía generalizada, ellos hacen como que legislan y nosotros hacemos como que les creemos.
