La sombra de la corrupción vuelve a posarse sobre la administración del exgobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, tras la vinculación a proceso de dos exservidores públicos de primer nivel por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) presentó pruebas contundentes que señalan a José Gonzalo Mariscal Álvarez, exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra, y a Lucero Jeannin Ambriz González, exdirectora general de Obras Públicas, como responsables de gestionar contratos irregulares que laceraron el patrimonio de los morelenses en las postrimerías del sexenio 2012-2018.
La imputación radica en la contratación injustificada de obras de rehabilitación para el emblemático Teatro Ocampo en Cuernavaca. Según las investigaciones, los exfuncionarios autorizaron una intervención millonaria en el inmueble a pesar de que este no presentaba daños estructurales ni requería mantenimiento urgente. Esta maniobra es señalada como un mecanismo de desvío de recursos, donde se utilizó una necesidad inexistente para asignar un contrato de 50 millones de pesos a una empresa cuya especialidad ni siquiera correspondía a la restauración de edificios históricos.
La asignación de dicha obra se realizó mediante una adjudicación directa ilegal, ignorando flagrantemente los topes establecidos en el Presupuesto de Egresos de 2018. Mientras la ley prohibía adjudicaciones directas que superaran los 2.5 millones de pesos, la gestión de Graco Ramírez otorgó 50 millones a la empresa Olve Construcciones S.A. de C.V., una firma con sede en Guerrero dedicada principalmente al alquiler de maquinaria y no a la infraestructura cultural. Esta omisión de licitación pública evitó que otras empresas compitieran y que se garantizara la transparencia en el uso del erario.
Además de la falta de licitación, la Fiscalía Anticorrupción destacó que los procesados no evaluaron cualitativa ni cuantitativamente la propuesta de la empresa beneficiada, incumpliendo con sus obligaciones de supervisión y protección de las finanzas estatales. Este patrón de comportamiento, característico de los señalamientos de opacidad en el gobierno de Ramírez Garrido Abreu, permitió que se comprometiera el patrimonio del Estado en beneficio de una empresa que apenas contaba con cuatro años de creación al momento de recibir los contratos más lucrativos.
Tras la audiencia, un juez de control determinó la vinculación a proceso para ambos exfuncionarios, imponiéndoles la medida cautelar de firma periódica mensual y otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Aunque los imputados gozan de la presunción de inocencia conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este caso representa un avance significativo en la rendición de cuentas sobre el presunto saqueo sistemático ocurrido durante la pasada administración perredista en Morelos.
