Este fin de semana ya fue dado el primer paso de lo declarativo a lo operativo en la reforma a la manera en que habrá de integrarse el Poder Judicial de la Federación. Ni las controversias, como tampoco los amparos o las movilizaciones de protesta en su contra pudieron frenar la instrumentación del nuevo texto constitucional.
Un par de procesos electorales, el primero con carácter de extraordinario, a celebrarse el primero de junio del 2025, con todo y que no se tratará de elegir a todos los integrantes del Poder Judicial, sino solamente 464 plazas de magistraturas, 386 de juzgados federales y 9 de ministros de la Suprema Corte, un total de 859 nuevos cargos de elección popular,dejando el resto para la elección del 2027, será, con mucho, la elección más grande y compleja en la historia de México, para nada comparable con cualquiera de las que se llevan a cabo en otras partes del mundo, ni siquiera con Bolivia, que podría ser el ejemplo más cercano y que, por cierto, conforme a los estándares y a las evaluaciones internacionales, no es ningún buen ejemplo de impartición de justicia, sino todo lo contrario.
Las propias declaraciones del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ya están dando pie a muy variadas críticas y calificativos al proceso de insaculación. Lo que el senador reconoció como “tropiezos” en un proceso de aprendizaje, por lo inédito de la reforma, está siendo señalado por juristas, académicos, trabajadores del Poder Judicial, buena parte de la opinión pública y, claro, por los partidos opositores como “humillante” y un atropellamiento a los derechos humanos y laborales de quienes formaban parte de la carrera judicial, hoy constitucionalmente extinta.
Hasta el sábado todos los actos habían sido jurídicos, protocolarios y declarativos. El juego de azar del sábado pasado fue apenas el comienzo de las complejidades operativas para la instrumentación de la reforma. Mientras, las dudas expresadas desde su presentación como iniciativa, el pasado 5 de febrero, subsisten.
A saber, preguntas tales como: ¿De qué manera la elección popular de jueces, magistrados y ministros podrá resolver los problemas de corrupción al interior del sistema de procuración e impartición de justicia si no se atiende y resuelve lo que sucede en las fiscalías, los ministerios públicos y, ahora, en la Guardia Nacional? Si el INE, junto con la UIF y las fiscalías anticorrupción no han tenido la capacidad suficiente para evitar y, en su caso sancionar, la utilización de recursos de procedencia tanto irregular como ilícita ¿cómo podrán hacerlo en las elecciones del año que viene? El oficialismo ha sustentado como garantía el que, con la elección popular, jueces, magistrados y ministros responderán a los intereses del pueblo que los eligió y no a los de poderes e intereses ajenos, sin embargo, ¿eso es lo que vemos en quienes han sido electos popularmente, como gobernadores, presidentes municipales, diputados o senadores?
Falta por ver qué sucede en las entidades federativas, pues el mandato constitucional vigente las obliga a la llamada armonización de sus constituciones locales y con ello de susrespectivos poderes judiciales, lo que llevará a un interesante debate sobre la concepción y los alcances acerca de libertad y la soberanía, estatales.
Y subrayo que el debate será lo interesante, porque en aquellas entidades donde la cuarta transformación cuenta con mayoría calificada, 24 de 32, el mandato imperativo de los partidos políticos, es decir, las instrucciones, desde arriba, se impondrán sin problema para aprobar las reformas locales. Los inconformes lo tendrán muy difícil, sobre todo si antes es reformada la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, evitando con ello la posibilidad de hacer valer controversias o acciones de inconstitucionalidad. Y por ahí parece que va el asunto.
Y para iniciados:
Se atravesó el fin de semana y ya no hubo manera de saber cuál es la postura de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el caso del diputado federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Estaremos al pendiente para saber si continúa con el manto protector de Andrés Manuel López Obrador, pasan los días y las denuncias no van más allá de lo mediático o si la presidenta da luz verde para que pudiera procederse conforme a derecho, tanto en las investigaciones como en la judicialización de los expedientes a que haya lugar.
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