Lo anterior luego de que el pasado 1 de julio del año en curso, El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) validó diversas disposiciones de la Constitución Política, así como de las Leyes de Seguridad Pública y Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, todas del Estado de Tamaulipas, que prevén el otorgamiento de medidas de seguridad y protección a las personas que fungieron como titulares del Ejecutivo Estatal, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia, por un periodo igual al tiempo de su encargo, las que pueden ser prorrogadas en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten.
En el caso de la Fiscalía, se contempla además el otorgar esa protección de manera general a las y los servidores públicos que, debido a las funciones realizadas en la institución al momento de causar baja, las tengan asignadas o las requieran. Lo anterior, al considerar que los Congresos locales tiene libertad configurativa en este ámbito, sin que por el solo hecho de que se prevea la posibilidad de otorgar las medidas aludidas, exista una violación a los principios de honradez y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, previstos en el artículo 134 de la Constitución Federal.
Aunado a ello, también entró al estudio constitucional a la prórroga de las medidas de protección en tanto las “condiciones de riesgo” lo ameriten, La Corte determinó que las disposiciones resultan claras y precisas en cuanto a su significado y alcance, por lo que no existe una violación al principio de seguridad jurídica. Lo anterior y para mayor detalle lo podrán consultar en las versiones públicas de las Acciones de inconstitucionalidad 158/2021 y su acumulada 159/2021, promovidas por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas y el Poder Ejecutivo Federal, quienes demandaron la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política y de las Leyes de Seguridad Pública y Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, todas del mencionado Estado, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad del 21 y 23 de septiembre de 2021, mediante Decretos LXIV-800, LXIV-821 y LXIV-822. El proyecto original fue presentado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Hasta aquí: “Justicia y Libertad”
Por: Carlos Iván Arenas Ángeles.
Magistrado en Retiro del TSJ Morelos.
