En la ciudad de Cuernavaca se cierne hoy una gran preocupación por la posibilidad de una inminente crisis de gran envergadura en el surtimiento de agua potable, debido a los cortes de energía a los pozos, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Desde ayer comenzaron a circular diferentes versiones sobre la organización de bloqueos viales en la capital de Morelos.
Por supuesto, hay responsabilidades acumuladas por varios años, al menos desde 2009 y hasta el presente, cuando la deuda del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) comenzó a incrementarse, llegando a ser un grave problema a partir del 2012 y reventando en nuestros días al volverse impagable con la actual situación financiera del Ayuntamiento.
De acuerdo con los datos recabados por la organización civil Morelos Rinde Cuentas, del último año de la administración encabezada por Manuel Martínez Garrigós al año pasado, ya correspondiente a José Luis Urióstegui Salgado, se han pagado cantidades millonarias a la CFE, por conceptos de adeudos, multas y recargos, no siempre cumpliendo cabalmente con los compromisos adquiridos institucionalmente.
Veamos. Si bien hasta el año 2015, cuando todavía Jorge Morales Barud fue el presidente municipal, el SAPAC cumplió en forma con el pago de su deuda a la CFE, a partir de la llegada de Cuauhtémoc Blanco Bravo, en el 2016, se intensificó la acumulación de impagos por diferentes conceptos. En 2016 sí se pagaron 92.9 millones de pesos a la CFE. Pero, al año siguiente, la cantidad bajó a 78.1 millones y en el último año de su administración municipal, en el 2018, la cantidad pagada registró su punto históricamente más bajo, siendo de solamente 23.4 millones.
Durante el sexenio de Antonio Villalobos Adán, con excepción del ejercicio de 2020, tampoco se cumplió con los pagos en tiempo y forma. Claro, con ello se llegó a una deuda que supera los mil millones de pesos. Y eso es únicamente parte de la deuda, a la que deben agregarse más compromisos sin cumplir.
La cantidad anual más alta pagada por el SAPAC a la CFE en estos últimos diez años fue la del año pasado, ya en la administración de Urióstegui, que ascendió a 110 millones doscientos mil pesos. Además, hay procesos penales en curso por presuntos desvíos de recursos y múltiples versiones de radio pasillo sobre componendas, transas y saqueos que incluso vinculan a miembros de las dos pasadas administraciones con el crimen organizado.
Como sea, e independientemente de en qué terminen las carpetas de investigación, recuerdo bien cuando comenté, antes de que iniciaran campaña, a uno de los hoy más altos funcionarios del Ayuntamiento, que deberían tomar previsiones financieras y de reingeniería administrativa, porque la simple administración honesta, sin desvío de recursos, no sería suficiente. Encima, insistí en este mismo espacio, antes de que asumieran las riendas de la administración, en que tenían seis meses para diseñar una estrategia y operarla para evitar colapsos.
Apelar a la buena voluntad de la CFE, teniendo a Barttlet como director general, sensibilidad y respeto a los derechos humanos tampoco alcanza. Hará falta un rescate, que involucre al gobierno federal y estatal y una completa refundación administrativa y financiera del SAPAC.
Y para iniciados
Corren versiones de que la Guardia Nacional está dando acompañamiento a los vehículos de la CFE. Denuncia ciudadana en redes sociales por demás grave. De por sí, el papel de la Guardia Nacional en Morelos ha sido muy cuestionado, pues no han logrado cumplir con sus principales funciones en materia de la prevención de los delitos, pues siempre llegan después de que se han cometido para acordonar la zona, levantar partes informativos y punto. Que se use, encima, a este cuerpo policíaco militar en este sentido, resulta en realidad, todo un contrasentido.
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