Una serie de declaraciones ministeriales e investigaciones federales han puesto al descubierto una presunta red de infiltración del Cártel de Sinaloa (CDS) en al menos 11 municipios del estado. Dentro de las revelaciones contenidas en la causa penal 170/2026 de la Fiscalía General de la República (FGR), destacan los señalamientos del exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, quien afirmó haber recibido la orden de transmitir un mensaje de amenaza y coacción dirigido a la gobernadora Margarita González Saravia.
No obstante, la propia mandataria estatal ha desmentido tajantemente los hechos, y los documentos judiciales confirman que no existen pruebas de que dicho amago haya sido entregado.
El testimonio del exalcalde: El supuesto recado de «El Barbas»
Según consta en las declaraciones que Raúl Tadeo Nava —quien pasó de estar implicado en videos con el crimen organizado a convertirse en testigo de la FGR— rindió el pasado 6 de mayo, el presunto líder del CDS en la entidad, Júpiter Araujo Benard, alias «El Barbas», intentó cercar a la gobernadora utilizando intermediarios.
Tadeo Nava testificó que, debido a su supuesta cercanía con la mandataria, «El Barbas» lo amenazó para que le llevara un ultimátum: el grupo criminal se comprometía a «pacificar el Estado» si se les permitía el libre paso de drogas, se les entregaba el control presupuestal de algunos recursos y se incluía a miembros de la organización en puestos clave de los ayuntamientos. El testigo detalló que el jefe criminal le advirtió de forma explícita que la gobernadora «no se pasara de cabrona» reteniendo fondos municipales y que exigía una respuesta en un plazo de tres días mediante una llamada de WhatsApp.
A pesar de la gravedad de lo asentado por el testigo en la carpeta de investigación de la FGR, no existe ninguna prueba de que el mensaje haya sido entregado efectivamente a la gobernadora, permaneciendo únicamente como una orden del capo a su intermediario.
La postura del Ejecutivo: Desmentido absoluto
Ante la difusión de estos testimonios, el Gobierno del Estado de Morelos rechazó categóricamente haber recibido amenazas o presiones por parte del Cártel de Sinaloa o de cualquier otra organización delictiva.
El documento precisa de manera contundente:
- «La Gobernadora Margarita González Saravia nunca ha recibido amenazas».
- Se niega cualquier tipo de acercamiento o comunicación orientada a pactar la liberación de rutas de narcotráfico o el nombramiento de funcionarios.
- La administración estatal reafirmó su compromiso de seguir trabajando en total coordinación con el Gobierno Federal y las instituciones de los tres niveles de gobierno para combatir la delincuencia.
La trama criminal, denominada localmente como «La Empresa», operaba controlando alcaldías para financiar campañas, lavar dinero mediante obras públicas (como el intento de construir una Casa de la Cultura en Yecapixtla) y desviar recursos públicos. Un ejemplo documentado en la investigación señala que en Cuautla se cobraban licencias de uso de suelo en efectivo para entregar el dinero directamente a la delincuencia organizada.
Las investigaciones de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) derivaron en el Operativo Enjambre, el cual arroja hasta el momento el siguiente balance judicial:
Detenidos:
Jonathan Espinoza Salinas (Tesorero de Cuautla), Agustín Toledano Amaro (Exalcalde de Atlatlahucan), Irving Sánchez Zavala (Exalcalde de Yecapixtla), así como la síndica, una regidora y el tesorero de Amacuzac. También se detuvo a Carlos «N», alias «El Camarón» (enlace de la Familia Michoacana).
Prófugos:
Júpiter Araujo Bernard, «El Barbas» (Líder del CDS), Jesús Corona Damián (Alcalde de Cuautla), Víctor Samuel Márquez (Secretario del Ayuntamiento de Cuautla) y Jorge Bazán Reyes (Director de mercados de Cuautla).
