Este lunes 18 de mayo, hablemos que en Morelos ya comenzó el operativo de supervivencia política. Y no, no ocurre en campaña electoral. Ocurre dentro del Congreso del Estado.
El 23 de abril de 2026 se publicó la reforma constitucional a los artículos 115 y 116 de la Constitución federal para prohibir el nepotismo electoral y la no reelección inmediata en cargos municipales y legislativos. Una reforma diseñada para poner límites a una práctica que durante años se normalizó en la política mexicana: heredar el poder entre familiares y reciclar los mismos grupos políticos eternamente.
Pero el verdadero problema para muchos actores locales no fue la reforma en sí. Fueron sus transitorios.
El Segundo ordenó armonizar las leyes estatales antes del 30 de mayo de 2026. El Sexto fue todavía más claro: la nueva integración de ayuntamientos surtirá efectos a partir del periodo administrativo municipal subsecuente en cada entidad federativa.
En Morelos eso significa el proceso electoral ordinario 2026-2027.
La Constitución federal lo dejó escrito con absoluta claridad. El Congreso local, en cambio, decidió entrar en una etapa de creatividad jurídica desesperada.
Porque apenas comenzó la exigencia pública para armonizar la legislación local, aparecieron diputados declarando que la reforma “todavía debe analizarse”, que “no hay claridad sobre su aplicación” o que quizá podría implementarse hasta proceso 2030.
El problema es que el texto constitucional no dice eso.
Y cuando un diputado necesita tergiversar un transitorio para sostener un argumento político, normalmente es porque la Constitución ya le cerró la puerta que intentaba dejar abierta.
El truco consiste en no armonizar a tiempo para fabricar incertidumbre jurídica. Mientras no existan reglas locales claras, ciertos grupos políticos intentarán registrar candidaturas familiares y después dejar que tribunales electorales resuelvan el desastre.
Es una estrategia calculada: convertir la omisión legislativa en una herramienta electoral.
Porque si el Congreso armoniza correctamente, muchos proyectos de continuidad política simplemente se caen. Alcaldías construidas desde redes familiares, diputaciones recicladas dentro del mismo grupo y candidaturas diseñadas para mantener el control político municipal tendrían un obstáculo constitucional directo.
Por eso intentan ganar tiempo.
No están defendiendo interpretaciones jurídicas sofisticadas. Están defendiendo estructuras de poder.
Y lo más delicado es que el Congreso parece apostar a algo todavía más peligroso: trasladar a tribunales y ciudadanía la responsabilidad de hacer cumplir una reforma que el propio Poder Legislativo tiene obligación constitucional de aterrizar.
Es decir, las y los diputados quieren que otros hagan el trabajo que ellos deliberadamente decidieron no hacer.
Porque en Morelos la discusión ya no es si entienden la reforma. Claro que la entienden.
