Este fin de semana se difundió un comunicado oficial donde se informa el arribo de un número indeterminado de elementos adscritos a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), cuyo objetivo será fortalecer las estrategias de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) contra el crimen organizado en los 36 municipios morelenses. Se ha especulado con el número de marinos, fluctuando entre 150 y 160, quienes serán distribuidos en las zonas con mayor índice delictivo.
Así las cosas, además de los rondines del Ejército Mexicano veremos los de la Marina que, sin embargo, no serán algo nuevo en la entidad, aunque para efecto del combate a los diferentes grupos criminales, la acción de la Semar ha sido más eficiente que los operativos de Sedena y/o la Guardia Nacional. Sobre los miembros de esta última (la GN), siempre llegan después de que se han cometido delitos de alto impacto, verbigracia las balaceras entre grupos rivales de la delincuencia organizada, solo para vigilar perímetros de seguridad y dirigir el tránsito.
TODO TIENE PRECEDENTES
Hoy quiero recordar que el miércoles 16 de diciembre de 2009, en las famosas Torres Altitude de la colonia Lomas de la Selva de Cuernavaca, hubo un fuerte operativo de la Secretaría de Marina Armada de México para detener a Arturo Beltrán Leyva (alias “El Barbas”), quien llevaba viviendo ahí alrededor de tres años con el nombre de “Darío”, sin ser molestado ni por el pétalo de una rosa. Ese día, según informes periodísticos, iba a comer en su departamento de Altitude con el entonces comandante de la 24ª. Zona Militar, Leopoldo Díaz Pérez, quien hasta el día de hoy está confinado (¿preso?) en una oficina del Campo Militar 1 de Ciudad de México. Ese fue su castigo por tener vínculos con el crimen organizado. Era obvio que la Marina no iba a informar nada, ni lo hizo, a la citada demarcación castrense.
Antes de continuar quiero recordar que el 1 de abril de 2009 la entonces secretaria de Seguridad Interior estadunidense, Janet Napolitano, se entrevistaría el mismo día con el presidente Felipe Calderón, en un viaje que la trajo a la capital mexicana y a Jiutepec, Morelos, donde un conocido hotel fue convertido en un “bunker” resguardado por el Servicio Secreto, el Ejército Mexicano, la Agencia Federal de Investigaciones y la Secretaría Federal de Seguridad Pública. Fue sede de un foro para analizar los problemas de inseguridad que subsistían (¿subsisten?) en la frontera sur de EUA y afectan la relación bilateral de las dos naciones. El cónclave de Jiutepec, al cual asistió el fiscal general de EUA, Eric Holder, se realizó en el marco de la “Iniciativa Mérida” entre Estados Unidos, México y países centroamericanos para el combate al crimen organizado.
Semanas después de la visita de Napolitano a México (previa a la de Barack Obama los días 16 y 17 de abril) empezó a “desgranarse la mazorca” respecto a la red de corrupción existente en Morelos que, durante un tiempo indefinido, prodigó protección al cártel de Arturo Beltrán Leyva. No recordaré la extensa cadena de hechos ya registrados por la historia local, cuya parte álgida fue la caída de “El Barbas” en el departamento que, según varios testigos, habitó por un lapso de tres años (el 201, en la torre Elbus del condominio Altitude). Varios medios nacionales destacaron la desconfianza del gobierno norteamericano hacia el Ejército Mexicano en el combate al narcotráfico. El entonces embajador de EUA en México, Carlos Enrique Pascual, indicó el 17 de diciembre que “la presencia del Ejército en las calles no es la solución final a los problemas de inseguridad”.
Para el operativo contra Beltrán Leyva el gobierno estadounidense se apoyó en la Marina y no en el Ejército. El mismo día en que murió el narcotraficante, la DEA ponderó el resultado de la operación “gracias al intercambio de información con la Armada”. “El reinado de Beltrán Leyva ha terminado”, indicó la DEA. Y como símbolo de esa declaración, el gobierno mexicano exhibió el cadáver del capo bañado en sangre, cubierto de billetes y amuletos. Empero, el martes 8 de diciembre, Amnistía Internacional había emitido un informe revelando casos de violación a los derechos humanos por militares mexicanos, como parte de los operativos contra el narcotráfico. Congresistas de EUA también expresaron su inconformidad ante tales abusos, coincidiendo con la autorización de una partida de 231 millones de dólares a México para 2010.
Y fue en este contexto donde crearon ámpula las fotos del cadáver manipulado de Beltrán Leyva, mismas que alguien tomó durante las primeras indagatorias en el edificio Elbus. Algo se le revirtió a la Marina y para salvar las apariencias se buscó que el hilo se rompiera por lo más delgado: el cese de cinco modestos peritos de la Procuraduría de Morelos.
Desde aquellos hechos hasta el día de hoy han transcurrido 14 años, siendo deseable que la nueva presencia de la Marina Armada de México en Morelos sea para bien y, sobre todo, coadyuve en las labores de inteligencia a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad. Mientras tanto: sean bienvenidos los marinos.
