En un giro hacia el endurecimiento de las políticas de combate al comercio ilegal, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, lanzó una propuesta contundente desde tierras morelenses: aplicar la extinción de dominio a los inmuebles donde se almacene o distribuya mercancía pirata.
Durante su visita a la entidad, en el marco del Encuentro Cinematográfico de Morelos, el funcionario hizo un balance de las acciones federales contra el contrabando y la falsificación, tomando como punto de lanza el reciente operativo desplegado en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Para Ebrard, el decomiso de mercancía ya no es suficiente para frenar un negocio que lacera la economía formal.
Ebrard destacó que, bajo su gestión en la Secretaría de Economía, el volumen de operativos ha alcanzado niveles históricos. «Yo creo que este último año hemos hecho más que lo que se hicieron en muchos años», afirmó. Sin embargo, reconoció que la efectividad de estas intervenciones es limitada si el ciclo delictivo no se rompe con sanciones que afecten el patrimonio de los involucrados.
El secretario planteó una interrogante crítica sobre la operatividad actual:
«El operativo ahorita de Tepito, pues mañana haremos otro en San Juan de Dios y así sucesivamente. Pero la pregunta es: ¿se asegura la mercancía y luego qué? ¿Qué sucede?»
Para el titular de Economía, la respuesta debe ser la extinción de dominio, una figura jurídica que permite al Estado tomar control de bienes que han sido instrumento o producto de actividades ilícitas, sin necesidad de que el dueño reciba compensación alguna.
La estrategia no solo busca perseguir al vendedor final, sino a quienes facilitan la infraestructura para el delito. Ebrard reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado a integrar carpetas de investigación centradas específicamente en las bodegas donde se resguardan los artículos ilegales.
«La lógica es la siguiente: si tú te beneficias de actividades ilícitas a sabiendas, tienes que tener un costo. Porque si no, esto no se detiene», sentenció. La propuesta busca configurar la extinción de dominio para los propietarios de los inmuebles donde se encuentren este tipo de mercancías.
Aunque el referente inmediato es el “barrio bravo” de la Ciudad de México, el secretario fue claro al señalar que esta problemática y las futuras acciones legales se extenderán a todo el país. Al ser cuestionado sobre qué otros puntos están en la mira, Ebrard mantuvo la cautela por razones de seguridad: «Lo sabemos en varios estados de la República, pero no puedo decir».
El mensaje enviado desde Morelos es una advertencia directa a los dueños de locales y centros de distribución: la piratería dejará de ser vista solo como una falta administrativa para ser tratada como un delito de alto impacto patrimonial.
