En un fallo que marca un precedente para el sistema de justicia en la entidad, el abogado Carlos Froylán Salazar recuperó su libertad tras ocho horas de intenso debate jurídico en el Centro de Justicia Penal de Atlacholoaya. La resolución se dio luego de demostrarse que los delitos de portación de arma de fuego y posesión de estupefacientes fueron sustentados en pruebas fabricadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En una movilización sin precedentes, a las 17:21 horas, la Sala 4 del complejo judicial lució abarrotada por una veintena de penalistas destacados del estado, quienes acudieron para ejercer una defensa colectiva y gratuita.
Figuras como Javier Hernández, Cipriano Sotelo, Enrique Paredes y Cristian Fragoso encabezaron la defensa, dejando de lado agendas personales para combatir lo que calificaron como una injusticia sistemática. «Si nosotros no levantamos la voz como gremio, estaríamos consintiendo esto», sentenció el Dr. Cipriano Sotelo durante el proceso.
La evidencia: Un video casero contra el informe oficial
La detención de Froylán Salazar ocurrió el pasado viernes 10 de abril en un autolavado de la Calzada de los Reyes, lugar al que el abogado acudió para asesorar a un cliente tras un hecho violento.
La fiscalía intentó sostener la imputación basándose en el Informe Policial Homologado (IPH), el cual aseguraba que Salazar portaba un arma calibre 9 milímetros y dosis de fentanilo y cristal. No obstante, la defensa presentó un video casero que resultó ser la pieza clave del caso. En las imágenes se observa claramente cómo un séquito de policías estatales asegura al abogado, sin mediar palabra los uniformados se abalanzan sobre él. Se muestra el momento preciso en que le introducen objetos en las bolsas del pantalón, «sembrando» la evidencia incriminatoria.
Tras el desahogo de las pruebas, la Juez Yaredi Montes dictó el auto de no vinculación a proceso, ordenando la inmediata libertad del litigante. Los abogados presentes hicieron un reconocimiento público a la juzgadora por su valentía e integridad, destacando que su resolución se apegó estrictamente a derecho, resistiendo cualquier posible presión política o mediática.
Este caso ha puesto bajo la lupa el actuar del titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia. El gremio de abogados demandó una capacitación real para los elementos policiacos, denunciando que las «detenciones arbitrarias» parecen ser una práctica recurrente para simular resultados en un estado que ocupa el cuarto lugar nacional en homicidios dolosos.
Los juristas hicieron un llamado directo a la gobernadora, Margarita González Saravia, para revisar los protocolos de actuación policial y garantizar que ningún ciudadano vuelva a ser víctima de la fabricación de delitos para inflar estadísticas de seguridad.
Por su parte el secretario de Seguridad Pública de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, reafirmó la postura de la dependencia al asegurar que el procedimiento se llevó a cabo bajo estricto apego a derecho y que fue validado por las autoridades judiciales.
Urrutia subrayó ante reporteros que, tras la audiencia inicial, un juez de control calificó la detención como legal, en respuesta a las manifestaciones del grupo de abogados que cuestionaron el actuar de los elementos de seguridad y asumieron la defensa de su compañero penalista.
Al ser cuestionado sobre las críticas y movilizaciones de los litigantes en defensa de su colega, el titular de la SSP se dijo respetuoso, aunque firme en la cronología de los hechos.
Respecto a las grabaciones que han circulado en redes sociales sobre el momento de la captura, el secretario invitó a la opinión pública a analizar las imágenes, asegurando que los elementos visuales coinciden con el informe oficial de la secretaría.
«El video es muy público y ustedes lo pueden ver. Ahí se ve un acto donde coincide el tiempo y donde el arma coincide; no es un arma grande como la que trae la policía», concluyó el funcionario antes de retirarse.
