Para Samuel Soleto Salgado, consejero jurídico del estado, es «exagerada» la ruta jurídica que la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos inició en contra del DIF Morelos por el traslado irregular de 13 menores de edad, que están bajo su custodia, a un centro de rehabilitación no certificado; y por la presunta desaparición de cuatro de ellos.
Ambos organismo de derechos humanos, presentaron amparos ante un juez y denunciaron que el DIF estatal traslado de manera irregular a un Centro Privado religiosos de Rehabilitación no certificado a las y los citados menores.
También se denuncia la probable desaparición forzada de cuatro menores, de quienes hasta el cierre de esta información se desconocía su paradero.
En entrevista, el consejero jurídico destacó: «Se me hace una exageración porque son (las denuncias) contra varios funcionarios (entre ellos el propio consejero jurídico) y hasta el gobernador… se me hace exagerado que atribuyen esos delitos».
Agregó: «Además tengo entendido que ninguno de los delitos que se le imputa (al DIF) son falsos».
Reveló que él acudió a una de las diligencias realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura pero solo fungió de observador debido a que la Consejería Jurídica del Estado está obligada a brindar asesoría jurídica a todos los organismo, secretarías e institutos dependientes del Gobierno.
«Pero no participé en lo absoluto, estuve cerca pero permanecí afuera, por ello me impacta que me adjudiquen a mi también algún delito».
Sotelo Salgado dejó claro que la instancia a su cargo desconoce detalles o procedimientos internos del DIF Morelos y por ende qué sucede con los 13 menores que reclamen los organismos defensores de derecho humanos.
No obstante, adelantó que cada una de las autoridades citadas en los amparados deberá rendir un informe sobre el tema y nivel de participación.
