Según datos del INEGI, en 2023, el sector público en México contaba con más de 5.1 millones de trabajadores en las oficinas públicas a nivel federal, estatal y municipal; es decir, el tamaño de la burocracia representa aproximadamente el 9% de la población económicamente activa del país, con un impacto que evidentemente trasciende a los ámbitos social y económico, pues en lo político representan el 5% de la lista nominal que incluso en una elección holgada como se percibe para el tema presidencial, representa un diferencial significativo, mucho más, en el caso de elecciones cerradas como en la Ciudad de México y algunas gubernaturas donde la contienda se encuentra con diferencias en el rango del cinco al diez por ciento.
Más allá del cuestionamiento respecto a la justificación y eficiencia del número de personas trabajando en el servicio público, es importante revisar el peso político y electoral que representan, reconociendo que los tiempos y el desarrollo democrático del país han evolucionado la forma en que este decil se involucra en el proceso electoral. Lejos están los días del voto corporativo en los que la burocracia votaba en bloque por el partido oficial e incluso realizaba proselitismo abierto y a cualquier día y hora en las distintas campañas electorales. Hoy, independientemente del respeto a la normatividad, a la vedaelectoral, muchas de las personas que laboran en los distintos niveles y órdenes de gobierno en todo el país, reflejan un desencanto por la política, y a pesar de ser parte de los entes y estructuras originadas por la política misma, difícilmente se comprometen a ejercer sus derechos político-ciudadanos, y cuando asumen cierto activismo, es más en casos contrarios al blindaje electoral, por presiones y coacciones de sus superiores jerárquicos que les obligan fuera de norma, a tareas proselitistas que, en la mayor de las veces genera un efecto contrario, una animadversión hacia el proyecto político que se supone deben fortalecer.
Las personas que conforman la burocracia tienen restricciones sí, pero igualmente derechos políticos que no están ejerciendo, de manera antagónica a su naturaleza funcional que pone en entredicho el liderazgode quienes no han sabido mantener el ánimo político en las estructuras a su cargo, ni capitalizar el valor social que el ejercicio de la política tiene como detonante de transformación a favor del bienestar colectivo.
El descuido que ha mermado los perfiles de ingreso a las diferentes dependencias de gobierno, deriva en agotamiento institucional, dado que, en muchos casos prevalece el “mérito” del amiguismo o favor político, contraponiéndose a la verdadera meritocracia que eleva el nivel profesional y con ello la altura política del entramado institucional, ya que quienes poco pueden aportar a dichas estructuras, tienden a la apatía como mecanismo de defensa por conservar su espacio, al que asumen más como el origen de un ingreso seguro, que como una oportunidad de servicio público, mucho menos de un espacio de interlocución e interacción política; pero en ello, también ha existido insensibilidad y abandono de las cúpulas políticas ligadas a dichos gobiernos, que dejaron de considerar a la burocracia como parte de las fuerzas vivas de un proyecto, de un capital político, considerando erróneamente que son parte de un voto duro, lo cual no podría estar más alejado de la realidad, sobre todo cuando el recurso humano ingresó en periodos y/o administraciones distintas a las actuales y cuando el compromiso de ingreso se diluye con el paso de los años para ser reemplazado con un sentimiento de permanencia por derecho adquirido.
Quien se desempeña en el servicio público, debiera de forma natural, ser un ente político, enterado y vinculado con el desarrollo democrático de su entorno comunitario; y en ello, por supuesto debe estar claro que por ningún motivo se trata de violentar la ley o el blindaje electoral dispuesto para la equidad y certeza de los procesos electorales, sino de superar la grisácea pasividad y apatía política de una enorme burocracia, que bien podría ser, independientemente de sus afiliaciones o preferencias partidarias, motor de utilidad pública a favor de la sociedad, reconociendo y asumiendo su peso político y hacerlo valer el 2 de junio.
Carlos Tercero
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