Este lunes 30 de marzo hablemos del lamentable feminicidio político de Sandra Rosa Camacho Flores y que no puede leerse como un hecho aislado. Es, en realidad, la expresión más cruda de un sistema político que en Morelos sigue operando bajo una lógica profundamente contradictoria: simula que impulsa la participación de las mujeres para cumplir con la paridad en el papel, pero las deja solas cuando ejercer ese derecho implica riesgos reales.
Sandra Rosa fue excandidata a la presidencia municipal de Temoac. Tenía presencia política, territorio y voz. Antes de ser víctima de feminicidio, denunció públicamente que era objeto de extorsión. No se replegó. Hizo lo que el discurso institucional exige: denunciar. Pero además dio un paso más grave para el Estado: solicitó protección directa a la gobernadora, Margarita González Saravia. El riesgo no solo era conocido, estaba formalmente advertido.
Aun así, fue víctima de feminicidio el pasado 26 de marzo de 2026.
Ese dato cambia todo. Porque cuando una mujer participa en política, denuncia violencia, pide protección y termina siendo víctima de feminicidio, lo que está en juego no es solo la seguridad pública: es la credibilidad completa del sistema de justicia y del poder ejecutivo. No se trata únicamente de la presencia del crimen organizado en la región, sino de la nula voluntad o incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de participación política para las mujeres.
El mensaje es brutal: participar es exponerse, denunciar no protege y pedir ayuda no garantiza nada.
Y ese mensaje se expande. Llega a cada mujer que hoy evalúa contender por un cargo en Morelos. Llega a las estructuras partidistas que siguen sosteniendo que “no hay mujeres con liderazgos”. Llega al núcleo de una tesis histórica del patriarcado y la partidocracia: que las mujeres no participan porque no quieren.
Pero no es falta de capacidad. Es falta de garantías.
Un sistema que impulsa candidaturas femeninas sin construir condiciones reales de protección no amplía derechos: administra el riesgo sobre los cuerpos de las mujeres. Y cada feminicidio en este contexto no solo arrebata una vida, también inhibe la participación política de las mujeres.
Así se debilitan los derechos políticos-electorales de las mujeres. Así se vacía la paridad. Y así se erosiona la democracia morelense: no por ausencia de reglas, sino porque el Estado ha fallado en lo más básico —garantizar que participar en política no sea una sentencia de muerte.
