Transformaciones institucionales de gran calado no son frecuentes, y cuando ocurren, desatan fuerzas difíciles de controlar. México atraviesa hoy una de esas coyunturas excepcionales.
El proceso de renovación del Poder Judicial ha sido anunciado con un fuerte componente simbólico y discursivo: rituales indígenas, invocaciones prehispánicas, y el lenguaje de una supuesta restitución del poder al pueblo.
En paralelo, se ha implementado una serie de medidas de austeridad como parte del nuevo ideario. El mensaje es claro: se pretende una ruptura con el pasado y el inicio de una nueva era judicial.
Sin embargo, la magnitud del cambio ha traído consigo una consecuencia inevitable: un alto grado de incertidumbre. No se puede reconfigurar una institución tan compleja sin alterar su funcionamiento cotidiano. Aún cuando el proceso sea bien intencionado, se requerirán años para que el nuevo esquema genere estabilidad operativa y credibilidad. Y este periodo de transición es precisamente el más frágil: una segunda elección judicial en 2027 aún está pendiente, lo que significa que el reacomodo institucional apenas comienza.
Lo más preocupante, por ahora, no es la dimensión teórica de la transformación, sino su ejecución práctica. La transición está siendo desorganizada y carente de dirección clara. A nivel federal, el Órgano de Administración Judicial —recién creado— opera sin una estructura robusta. Las personas electas aún no han sido asignadas a sus funciones específicas, y los procedimientos internos parecen improvisados. En términos simples: los tribunales no están operando con normalidad, y eso afecta a quienes más dependen de ellos.
Cuando la justicia se detiene, quienes cumplen con la ley son los que más pierden. Quien espera cobrar una deuda, recibir una pensión alimenticia o ejecutar un contrato, se encuentra hoy atrapado en un limbo procesal. En cambio, quienes incumplen encuentran en esta parálisis un respiro. La justicia tardía, como es bien sabido, es una forma de injusticia. Y si el sistema tarda demasiado en recuperar su ritmo, si es que algún día lo logra, corre el riesgo de perder la confianza de quienes acuden a él.
Pero hay una inquietud más profunda, de largo alcance: el riesgo de que esta refundación desemboque en una justicia subordinada al poder político. La posibilidad de que el nuevo Poder Judicial se alinee, no con la Constitución, sino con las pulsiones del momento, abre la puerta al llamado “populismo judicial”: jueces que legitiman decisiones políticas mediante argumentos legales construidos sobre emociones o mayorías momentáneas, no sobre principios.
Este fenómeno ya ha sido observado en otras latitudes. En El Salvador, por ejemplo, el Tribunal Constitucional validó la reelección inmediata de un presidente, a pesar de una prohibición explícita en la carta magna. Lo hizo apelando a la voluntad popular. Este tipo de sentencias no protegen el Estado de derecho; lo socavan.
En lugar de ser contrapesos del poder, los tribunales se convierten en sus cómplices.
En suma, lo que está en juego no es solo la eficiencia administrativa ni el estilo simbólico del nuevo Poder Judicial. Es su capacidad para mantenerse independiente, para hacer valer la ley incluso frente a quienes detentan el poder, y para proteger los derechos de los ciudadanos más allá de coyunturas políticas. Solo así podrá construir una legitimidad duradera.
De lo contrario, la refundación no será un nuevo comienzo, sino el principio de una justicia más vulnerable, más manipulable y menos confiable. Y en un país como México, eso sería un retroceso irreparable.
