Dos días después de que en Cuautla fuera ultimada Claudia Tacoronte Aguilera, la joven estudiante española que había llegado a México hacía un mes como parte de un intercambio académico, la policía ya había identificado a su probable agresor, y otros tres días más tarde, éste fue detenido y puesto a disposición de un juez.
La celeridad de la justicia en este caso es notable y plausible. Por desgracia, no es lo común ante la delincuencia que en Morelos y en todo el país actúa de manera impune y sin recato.
En el caso de la universitaria asesinada, la atención de la opinión pública internacional, en particular la proveniente de su país de origen, activó todas las alarmas y obligó a responder con rapidez y eficacia ante el reclamo de justicia y castigo al responsable.
No fue así en un primer momento, cuando ocurrieron los hechos. Los testigos relatan que en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, a cuyas afueras ocurrió la agresión letal, no había un solo policía, ninguna patrulla, nadie que cuidara la seguridad de los asistentes a un evento cultural durante esa jornada. Las llamadas al 911 fueron infructuosas y también fue tardía la llegada de una ambulancia, que arribó más de un cuarto de hora después, cuando la víctima ya no tenía signos vitales, pese a que una base de esos servicios de emergencia se encuentra a cuatro cuadras del lugar.
Sólo una vez que se conoció la identidad y nacionalidad de Claudia Tacoronte, la gestión policiaca y de investigación tomó otro ritmo.
Como se sabe, en lo que va del año han ocurrido cuatro feminicidios contra estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos, sin que anteriormente haya sucedido una reacción efectiva de la autoridad. En ese delito tan sensible para la comunidad, Morelos ocupa un triste segundo lugar nacional, sólo superado por Sinaloa.
La organización especializada Impunidad Cero afirma que la probabilidad de que en México un delito sea castigado es de menos del uno por ciento. La ciudadanía lo sabe y por ello en la mayoría de los casos, ni siquiera se denuncian los ilícitos.
Entre la falta de confianza de la población en la policía y en los encargados de impartir justicia, la incapacidad, la corrupción y la negligencia, los criminales actúan con la tranquilidad de que muy difícilmente serán identificados y castigados.
El feminicidio de Claudia Tacoronte, decíamos, es una excepción a la regla, al convertirse en un asunto de repercusión internacional.
Por desgracia, el común de los habitantes de a pie no cuenta ni con un pasaporte, menos aún con acompañamiento diplomático. –
