La procuración de justicia no puede ni debe construirse sobre cimientos de opacidad, desconcierto y mucho menos de desinformación.
Los hechos recientes en torno a la detención del presunto autor material del homicidio del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, generó horas de incertidumbre y especulaciones, ante el silencio de las autoridades policiacas y ministeriales. Sumado a ello, la filtración informativa permitió el rumor, por llamarlo de alguna forma, sobre la ubicación del supuesto delincuente tras el hallazgo de la motocicleta ocupada para perpetrar el crimen.
La narrativa pública comenzó a tejerse desde el pasado domingo con la presunta detención de Ricardo Alejandro; la sorpresa fue mayúscula al conocerse que la acusación en su contra era por el delito de «resistencia de particulares». Lejos de esclarecer el panorama, el proceso derivó en una desconcertante coreografía procesal: su supuesta liberación seguida de una inmediata recaptura al salir de los juzgados, su reingreso a las instalaciones de la fiscalía y un posterior retorno ante el juez en Atlacholoaya.
Mientras las horas transcurrían entre rumores la respuesta oficial brilló por su ambigüedad. El titular de la fiscalía, Fernando Blumenkron Escobar, realizó un anuncio formal sin aportar el nombre del detenido, sin mostrar su imagen y sin ofrecer detalles claros de la captura; un ejercicio de comunicación institucional que alimentó la especulación en lugar de dar certeza. Minutos después de esa comparecencia incompleta, las fotografías del implicado comenzaron a circular de manera pública.
Al amanecer de este jueves 12 de noviembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desde el ámbito federal, fortaleció la narrativa al señalar que las investigaciones deben continuar para esclarecer plenamente los hechos, determinar responsabilidades materiales e intelectuales y garantizar que este crimen no quede impune.
Es sabido que, para no vulnerar el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, las autoridades policiales y ministeriales deben limitar su comunicación pública a datos objetivos, descriptivos y estrictamente necesarios, evitando exponer o señalar como culpables a las personas detenidas antes de una sentencia firme; sin embargo, en este caso hubo silencio que generó confusión y lo más grave, desinformación.
En este sentido es necesario apuntar que el debido proceso no puede, en ninguna circunstancia, convertirse en un pretexto para desinformar a la ciudadanía ni para violentar el derecho a la verdad.
